Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo para prohibir algunas prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, como las cancelaciones de última hora, los retrasos en los pagos de productos perecederos o los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos.
También se prohibirán aquellas situaciones en las que se fuerza al proveedor a pagar por los productos desperdiciados y en las que se rechazan los contratos escritos. En total, la nueva normativa pone fin a 16 prácticas comerciales desleales en el bloque comunitario, mientras que otro grupo de ellas sólo se podrán ejecutar si se acuerdan de forma «clara e inequívoca» entre las partes involucradas.
Dentro de este segundo grupo se encuentran las devoluciones de productos alimentarios al proveedor, la obligación de que el comprador pague al proveedor para asegurar o mantener un acuerdo de suministro o los pagos por parte de proveedor al comprador a cambio de campañas de publicidad y promoción.
Este nuevo marco se aplicará a todos los actores de la cadena alimentaria con unos ingresos de al menos 350 millones de ingresos, aunque se imponen diferentes niveles de protección por debajo de ese umbral. En cualquier caso, las nuevas normas cubren a vendedores minoristas, procesadores de alimentos, vendedores mayoristas, cooperativas y organizaciones de productores e incluso a productores individuales.
Sin embargo, la directiva permite a los Estados miembros introducir un mayor enfoque por encima del umbral de 350 millones de euros de ingresos en su legislación nacional o adoptar medidas adicionales si lo desean.
MULTAS
Por otro lado, los socios comunitarios tendrán que crear o designar autoridades nacionales que estarán encargadas de hacer cumplir estas reglas. Estos organismos tendrán que tener la capacidad de imponer sanciones e iniciar investigaciones a raíz de denuncias. La confidencialidad de los denunciantes debe ser garantizada para evitar que se adopten medidas de contrapartida.
El acuerdo de este miércoles, además, introduce una cláusula de revisión en cuatro años, lo que significa que las disposiciones de la directiva serán evaluadas y revisadas si es necesario durante el próximo mandato del Parlamento Europeo.
La Comisión Europea ha destacado en un comunicado que las nuevas reglas con provocarán un incremento de los precios para los consumidores. De hecho, Bruselas ha asegurado que las organizaciones de consumidores alentaron la aprobación de estas normas para combatir los efectos perjudiciales que tienen sobre ellos las prácticas comerciales desleales.
«El acuerdo de hoy allana el camino de la primera ley comunitaria que aporta una protección significativa para todos los productores europeos, sus organizaciones y pequeños y medianos negocios. Ahora estarán protegidos ante todos los grandes operadores que actúan de manera desleal», ha celebrado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.
La nueva directiva debe ser ahora aprobada por el pleno del Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE (los Estados miembros). Una vez se complete este procedimiento, las capitales tendrán que trasladar sus disposiciones a la legislación nacional 24 meses después de que entre en vigor.
