Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado una nueva normativa comunitaria que busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico en el bloque comunitario a través de una metodología común de identificación de riesgos y la cooperación entre Estados miembros vecinos.
El nuevo marco legislativo para prevenir, preparar y gestionar crisis eléctricas ha recibido el visto bueno de los Veintiocho a nivel de embajadores permanentes ante la UE. Ahora debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, lo que abrirá la puerta a su adopción definitiva por parte de los ministros de Energía en la primavera de 2019.
En un comunicado, el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros) ha advertido de que el sistema eléctrico europeo está cada vez más interconectado, una realidad que puede provocar que las consecuencias de una crisis específica, por ejemplo por malas condiciones climáticas o por escasez de combustibles, se extienda con facilidad a otros socios comunitarios.
Así, el nuevo reglamento diseñará una metodología común para identificar posibles riesgos y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) elaborará diferentes escenarios regionales de crisis e identificará los riesgos más relevantes para cada una de las regiones que establezca.
Cada Estado miembro tendrá la obligación de diseñar un plan de preparación ante riesgos que incluya tanto medidas nacionales como regionales obre la base de estos escenarios de crisis eléctricas identificados por ENTSO-E.
La coordinación entre los socios comunitarios y la existencia de planes nacionales bajo unos mismos criterios «asegurará que la preparación de los Estados miembros está todo lo armonizada posible», ha defendido el Consejo de la UE, que también ha remarcado que la normativa incluye flexibilidad para tener en cuenta las circunstancias específicas de cada país.
Las capitales, ha destacado la institución, tendrán el tiempo suficiente para desarrollar unos planes de preparación de «alta capacidad» y se introducirá un mecanismo de asistencia entre Estados miembros para permitir que la ayuda entre países vecinos llega «rápidamente» en una posible crisis de suministro.
