La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 es más «deseable», desde el punto de vista de la «disciplina fiscal», que la prórroga de las cuentas de este año, puesto que «permite reducir el déficit y la deuda pública de manera más decidida» el próximo año.
Calviño ha participado este lunes en San Sebastián en el Foro empresarial de Guipúzcoa, organizado por la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, donde ha intervenido y participado en un posterior coloquio, destacando que el crecimiento económico en España es «robusto», con un incremento del PIB del 2,6% este año, y hay que «aprovechar el crecimiento económico para reducir la deuda pública sobre el PIB».
En este sentido, ha apuntado que la «ambición» del Gobierno es reducir esa deuda pública del 98,1% del PIB a finales de 2017 al 95,5% en 2019, lo que supone decrecer al «doble de ritmo que en los tres años anteriores». La ministra ha criticado que «haya habido años en los que la política fiscal se ha orientado a reducir los impuestos, lo que ha impedido una reducción más decidida de la deuda pública sobre el PIB».
Además, ha insistido en que «es el momento de acometer un saneamiento más decidido de la deuda pública y un ajuste estructural» que refuerce el sector y las cuentas públicas.
Preguntada por los participantes en el coloquio sobre una hipotética no aprobación del proyecto de Presupuestos y la prórroga de los actuales, Calviño ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «trabaja para lograr los consensos necesarios para sacar adelante» este plan presupuestario, porque el hecho de «combinar disciplina presupuestaria y cierre de las brechas y de la herencia con una política social» es, a su juicio, «lo que España necesita en este momento».
«En eso estamos empeñados, ése es nuestro plan ‘A’ y eso creemos que es lo que tiene que suceder y en eso estamos invirtiendo toda nuestra energía», ha subrayado.
Por otro lado, ha incidido en que si se prorrogan únicamente los compromisos de gasto asumidos por el Gobierno anterior y no se produce un aumento de los impuestos propuesto por este Gobierno, habrá un déficit público en 2019 superior al que propone el actual plan presupuestario, por lo que, «desde la perspectiva de la disciplina fiscal», el plan presupuestario del Ejecutivo socialista «es deseable a la prórroga, puesto que permite reducir el déficit y la deuda pública de manera más decidida en 2019».
Además, ha señalado que «por supuesto» que se pueden hacer ajustes presupuestarios si se prorrogan las cuentas de este año, pero indicó que habrá una parte de las políticas sociales que quizás no puedan llevarse a cabo y una parte de las modificaciones fiscales que tampoco podrán llevarse a cabo. «Nos encontraremos con una situación fiscalmente menos disciplinada», subrayó.
POSIBLE DESACELERACIÓN
Preguntada sobre si España está preparada para hacer frente a una futura posible desaceleración económica, Calviño ha defendido que España está, en la actualidad, en una situación «mucho mejor» que hace una década en algunos ámbitos como el sector financiero, o un modelo de crecimiento económico que «no genera déficit exterior», algo «determinante» para la «sostenibilidad del crecimiento» en el país.
A ello ha añadido que España cuenta con una balanza por cuenta corriente positiva, una capacidad de financiación con respecto al resto del mundo y el sector exterior incluso creciendo, por lo que está contribuyendo o no está detrayendo significativamente capacidad de crecimiento al PIB.
IMPUESTOS Y PENSIONES
En torno a los impuestos, Calviño ha reconocido que «nunca es una decisión fácil» subirlos, pero en el momento actual hay que aprovechar para tener una estructura de los ingresos fiscales «más sólida», ya que España está creciendo mucho y hay que prepararse para cuando el crecimiento «no sea tan importante», así como dotar al país de «un sistema fiscal que sea más progresivo, más justo y más adaptado a la realidad del siglo XXI».
En este contexto, ha recordado que algunos de los objetivos del Gobierno en esta materia son establecer una tasa sobre determinados servicios digitales; otra de transacciones financieras; el establecimiento de una tasa mínima de contribución del Impuesto de Sociedades para las grandes compañías, «acompañado de una reducción de dos puntos en el tipo aplicable a las pymes», y un incremento del IRPF para las rentas más elevadas. «Además, estamos trabajando en el ámbito de la fiscalidad medioambiental», ha añadido.
En cuanto a las pensiones de jubilación, ha opinado que el sistema de la Seguridad Social «es sólido», por lo que «no hay razones para tener preocupación a corto plazo» sobre su sostenibilidad, y por ello el Gobierno «está decidido a abordar el aumento de las pensiones con arreglo al IPC».
En todo caso, ha opinado que, a futuro, hay que «abordar una reflexión» para garantizar la sostenibilidad de pensiones «dignas», una cuestión que debe afrontarse «no sólo desde el Gobierno», ya que es una cuestión que requerirá ver «cómo crece el empleo, de las cotizaciones, los salarios, la demografía» y analizar si el sistema contributivo de la Seguridad Social «está o no soportando gastos a lo mejor no deberían estar incluidos en este sistema» sino en los PGE.
Por otro lado, ha apuntado que «en este momento no va a ser posible» abordar desde el Gobierno central una revisión «integral» del modelo de financiación autonómica y lo que se está haciendo es «facilitar» su funcionamiento «lo mejor posible».
RETOS Y UE
Por otro lado, interrogada sobre los retos que se presentan en la economía a futuro y la situación de la Unión Europea, la ministra ha indicado que no percibe «intranquilidad» en Europa respecto a la situación económica española, ya que las «líneas básicas de política económica» del Gobierno central socialista», que pasan como ha reiterado por «disciplina fiscal y política social», son ahora mismo «las recomendaciones básicas de todos los organismos internacionales».
También se ha referido al ‘Brexit’ y a las negociaciones con Reino Unido, en las que el Gobierno español está apoyando a la Comisión Europea como negociadora y para «contribuir lo más posible a un buen acuerdo», que es «lo deseable», ante el «riesgo» que conllevaría una salida «desordenada» de Reino Unido de la Unión.
Asimismo, ha mencionado otros riesgos de desaceleración económica como la «inestabilidad financiera» en mercados «importantes» para empresas españolas o «el cambio de signo en política monetaria», frente a lo cual ha abogado por la «unidad» económica y monetaria en la zona euro.
Por otra parte, Calviño ha puesto en valor el trabajo del Gobierno buscando «consenso» para abordar una «agenda del cambio» con «reformas estructurales» para hacer frente a «retos como el cambio climático, demográfico o la revolución digital», y se ha mostrado convencida de que hay «una mayoría social y política» a favor de las medidas planteadas.
Además, ha advertido de que no puede haber estabilidad política, si no se toman medidas sostenibles desde el punto de vista social, al tiempo que ha opinado que «no se pueden dejar pasar otros dos años» sin abordar esas reformas.
