El 63,4% de los directivos españoles demanda más transparencia respecto a una planificación fiscal estable, mientras que el 75,4% considera que sería beneficioso para las empresas mejorar la claridad del sistema tributario a través de regulaciones globales estandarizadas.
Así se desprende de la última encuesta sobre fiscalidad del ‘International Business Report’ (IBR) de la firma de servicios profesionales Grant Thornton, el barómetro de opinión que la firma realiza cada trimestre a 400 empresas españolas de entre 50 y 500 empleados.
La firma señala que en plena campaña del impuesto sobre Sociedades –aquellas empresas en las que el ejercicio económico coincida con el año natural deben presentar la declaración del impuesto sobre sociedades antes del 25 de julio– las compañías afrontan un conjunto de obligaciones fiscales que «no siempre están claras».
Esto se debe a que los tipos impositivos han variado frecuentemente y porque cada vez más empresas españolas desarrollan su actividad a nivel internacional y se enfrentan a sistemas tributarios diferentes. De hecho, el aumento y complejidad del marco normativo fiscal es otra de las preocupaciones más importantes señaladas por los directivos.
Ante la creación de nuevas leyes y más exigencias internacionales centradas en la tributación empresarial, un 72% de empresarios considera que la fiscalidad se ha transformado en un asunto de prioridad estratégica que obliga a que esté presente en la agenda de los comités de dirección, los consejos de administración y las juntas de accionistas.
GESTIÓN DEL RIESGO FISCAL
En este contexto y para que las empresas estén bien preparadas, está surgiendo un fenómeno inédito en España que adopta técnicas de la gestión empresarial y el derecho anglosajón: la gestión del riesgo fiscal.
Según la firma Grant Thornton, este nuevo escenario pasa de la planificación a la anticipación fiscal como método para hacer frente a riesgos fiscales importantes, desde sanciones y cargas financieras y sobrevenidas hasta crisis reputacionales y comerciales que pueden incluso cuestionar la propia continuidad de la empresa».
En este sentido, recomienda el diseño e implementación de un marco estratégico de buenas prácticas fiscales para llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo fiscal en las empresas, sea cual sea su tamaño y su sector de actividad.
A través de un marco de interno de gestión de los riesgos fiscales se pueden identificar y gestionar de un modo sistemático y ordenado que permite tomar decisiones con un mayor enfoque estratégico, asegurar la eficiencia operativa y la creación de valor para la empresa.
Además, añade que las empresas deben cambiar la concepción tradicional de que las cuestiones tributarias son competencia de los «expertos fiscales» e involucrar en ellas a la alta dirección de las compañías, dotándose de un sólido marco de buen gobierno del riego fiscal.
