La Comisión Europea ha puesto en el punto de mira la regulación en función del tamaño de la legislación española en su último informe sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos.
La Comisión identifica este marco normativo como un importante obstáculo que dificulta el crecimiento de las empresas de menor dimensión y lastra la productividad de la economía en su conjunto.
Los umbrales que se encuentran definidos en la normativa por el volumen de ventas o en función del número de empleados pueden imponer obligaciones costosas para las empresas conforme van ganando dimensión en los mercados. Estas barreras hacen referencia a aspectos tan importantes como la gestión de los RRHH, la fiscalidad o la contabilidad de las pymes. Se constata que los principales requisitos regulatorios se empiezan aplicar a partir de los diez y de los cincuenta empleados.
Si bien las distintas reformas estructurales acometidas en el periodo reciente en el ámbito laboral, en el del fomento de la actividad emprendedora o en la fiscalidad de las empresas han tratado de reducir y eliminar cargas innecesarias asociadas a esta regulación, aún persisten distintos condicionantes normativos que imponen un lastre adicional a las empresas que pretenden expandirse y crecer en los mercados.
Algunas de estas barreras han sido identificadas por la Comisión Europea y son las siguientes:
