La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha advertido de las consecuencias que podrían derivarse de la eventual aplicación un impuesto indirecto que grave ciertas actividades digitales, que califica de «discriminatorio» y que tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española, aparte de que será repercutido a los consumidores.
Adigital ha realizado esta advertencia a través de un comunicado a la espera de conocer cuál será la propuesta que el Gobierno envíe al Congreso al respecto y ante las diversas manifestaciones públicas que se han venido realizando desde el propio Ejecutivo en este sentido durante las últimas semanas.
En primer lugar, Adigital señala que apoya toda iniciativa dirigida a la modernización y adecuación del marco fiscal internacional con el fin de adaptarlo a la realidad económica y que conduzca a una tributación «más eficaz y justa» que dé respuesta a los retos de las sociedades actuales.
La asociación cree, por tanto, en una regulación aceptada y consensuada a escala global, que evite que los países aborden iniciativas unilaterales, como es el caso español.
A su juicio, estas iniciativas unilaterales, igualmente cuestionadas por la propia Comisión Europea, suponen una mayor fragmentación en el marco del necesario Mercado Único Digital, siendo éste y no otro el objetivo clave por el que España debe apostar, sin el cual las empresas españolas y europeas tienen escasas oportunidades de competir a escala internacional.
Según Adigital, la implementación de una propuesta «temporal» como la que se plantea impide que se siga trabajando en una solución permanente y además sitúa a España en una posición de excepcionalidad ante el más que probable retraso en un acuerdo a nivel europeo.
UNA MEDIDA ARMONIZADA EN LA UE
«En el contexto global actual y con una economía con enormes déficits en cuanto a innovación y competitividad digital, España no puede convertirse directamente en lo contrario a Irlanda. Cualquier planteamiento en este sentido debe ser establecido internacionalmente», afirma su presidenta, Carina Szpilka.
La asociación, que agrupa a más de 550 empresas, entiende que la introducción de un impuesto de estas características, con la dificultad de delimitar el concepto de actividad digital, exige rigor en su definición y tiempo suficiente para que puedan establecerse los mecanismos de información necesarios para los sujetos contribuyentes.
En este sentido, advierte de que la improvisación en la delimitación del impuesto y su implantación suponen siempre un perjuicio para los contribuyentes al introducir elementos de inseguridad jurídica.
Además, la asociación avisa de que un impuesto de esta índole no debe violar el principio internacionalmente aceptado de que las compañías deben tributar por sus beneficios y no por sus ingresos, tal y como se plantea desde el Gobierno. Entre otras cosas, porque, como la Comisión Europea admite, un impuesto sobre los ingresos de determinadas actividades puede implicar doble tributación en diferentes países y un incumplimiento de los tratados actuales, esgrime.
También considera cuestionable imponer un impuesto sobre los ingresos cuando la gran mayoría de empresas digitales pueden alcanzar un elevado nivel de ingresos durante años cuando aún presentan escasos beneficios o incluso no tienen ninguno.
Finalmente, cree que no se debe violar, de modo unilateral, el principio, también internacionalmente reconocido, de que las empresas globales pagan la mayoría de los impuestos allí donde crean valor y asumen riesgos y costes.
Adigital considera que un impuesto como el planteado, en teoría temporal y aplicado únicamente sobre ciertas actividades digitales, es «discriminatorio» y tiene un impacto negativo sobre el crecimiento y la competitividad de la economía española puesto que, como ha apuntado la OCDE, una medida de este tipo incrementaría el coste de capital, porque reduce incentivos a la inversión e innovación por parte de las empresas objeto del impuesto, supone un desincentivo al crecimiento para startups y empresas de base tecnológica, además de ocasionar un impacto negativo en el empleo y las pymes.
SE TRASLADARÁ AL CONSUMIDOR
Del mismo modo, la asociación estima que este impuesto sería repercutido en los usuarios (empresas y consumidores) de las actividades afectadas en España, aumentando el coste de adquisición de clientes en el ámbito de la publicidad digital para las empresas españolas y aumentando el precio de los productos de las empresas españolas en los marketplaces internacionales, un incremento de precio que también asumiría el consumidor español.
Es más, las empresas españolas que vendan sus productos a través de un marketplace podrán ver reducida su competitividad frente a otros vendedores extranjeros que no estén sujetos a esta tasa.
