La Confederación Granadina de Empresarios (CGE), junto a Cepyme y en colaboración con el Colegio Notarial de Andalucía y el Consejo General del Notariado, han celebrado una Jornada de Asesoramiento Notarial en la que una veintena de empresarios ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano las principales novedades sobre fiscalidad en la transmisión de patrimonio y sobre el papel que juegan los notarios en la reclamación de deudas dinerarias. El encuentro, eminentemente práctico, ha contado con la participación de dos expertos que han ofrecido asesoramiento imparcial y gratuito a los empresarios. La notaria María Teresa Barea y el abogado experto en fiscalidad José Ángel Zurita han sido los encargados de resolver las dudas planteadas por los asistentes en torno a dos temas de vital importancia para las empresas: las novedades en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía y la posibilidad de recurrir a un notario para reclamar impagos, establecida tras la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en 2015.
El abogado José Ángel Zurita informó a los empresarios granadinos sobre la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que entró en vigor en Andalucía a principios de año, que ha elevado el mínimo exento hasta el millón de euros. El cambio normativo ha permitido corregir en parte la ‘asimetría’ fiscal que se daba entre comunidades autónomas y que ha provocado que muchas empresas trasladaran su sede social fuera de Andalucía, lo que generaba un claro agravio comparativo para el tejido económico regional, como explicó el secretario general de la CGE, Luis Aribayos. Además, Zurita profundizó en los diferentes criterios que afectan a sucesiones, donaciones y transmisiones en el caso de las participaciones en sociedades, e hizo hincapié en la necesidad de “planificar de manera profesional” el relevo patrimonial en las empresas.
Por su parte, la notaria María Teresa Barea analizó en profundidad el proceso de reclamación notarial de deudas dinerarias, una fórmula que, pese a sus evidentes ventajas frente al proceso judicial, es todavía una gran desconocida para los empresarios granadinos. La reclamación notarial de los impagos es, según indicó Barea, un proceso mucho más ágil que el monitorio judicial, lo que ahorra tiempo y costes a las compañías.
