El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la digitalización de la política fiscal es «crucial» para mejorar la información con la que cuentan los gobiernos, pues permite reducir los costes privados y públicos del cumplimiento tributario o impulsar la eficiencia del gasto.
Así se desprende de un documento sobre las nuevas tecnologías y la transformación de la política fiscal publicado por el organismo internacional con sede en Washington, donde explica que las políticas de gasto e impuestos dependen en gran medida de la información sobre los actores económicos, a la cual es más fácil acceder si ésta está digitalizada.
«Del lado de los impuestos, los pagos se pueden facilitar digitalmente y el cumplimiento podría mejorar a través de un mayor acceso a los datos del contribuyente. Por el lado del gasto, mejores sistemas de identificación y autenticación, como la tecnología biométrica, pueden reducir tanto las fugas como el coste de llegar a las poblaciones objetivo», argumenta el FMI.
Tal y como explica el organismo, el fraude comercial puede reducir las aduanas, los impuestos indirectos y la recaudación de IVA en las fronteras. El fraude tiene lugar cuando una empresa compra bienes exentos de IVA de otro país, por ejemplo otro Estado miembro de la Unión Europea (UE), y vende los productos a nivel nacional, recibiendo la totalidad del IVA, pero luego desaparece sin remitir este importe a la autoridad fiscal.
Según datos del Fondo presidido por Christine Lagarde, el fraude comercial genera una pérdida aproximada de entre 45.000 y 60.000 millones de euros anuales para la UE (4%-6% de los ingresos por IVA). En este sentido, el FMI cree que la digitalización puede mejorar el cumplimiento tributario, mejorando la eficiencia operativa y la calidad de la información sobre el comercio de transacciones, particularmente en uniones aduaneras que carecen de controles transfronterizos.
«La información es crucial para recaudar impuestos y derechos en la frontera, en particular, la información sobre la clasificación del producto, el volumen, el origen y el valor de los bienes comercializados. Esta información generalmente es proporcionada por los importadores y exportadores, con el riesgo de que puedan informar erróneamente las transacciones para evadir impuestos o aranceles», asevera el FMI.
Para verificar la información proporcionada por los importadores y exportadores, los responsables de aduanas necesitan acceso a la información de terceros, como la factura comercial del exportador o el manifiesto de carga de la línea de envío. «La información digital es más resistente a la manipulación que los documentos en papel y puede facilitar la presentación de documentos auténticos», subraya el Fondo.
De igual forma, el FMI considera que el blockchain, la tecnología que subyace a las criptomonedas, podrían ayudar a asegurar la autenticidad de la información presentada. Además, el análisis de los datos históricos de transacciones aduaneras puede permitir a las administraciones tributarias discriminar de forma más efectiva entre declaraciones de alto y bajo riesgo y asignar sus recursos para evitar la evasión de manera más eficiente.
Por otro lado, la digitalización puede lograr cerrar las brechas de información entre gobierno y ciudadano, así como mejorar la prestación de los servicios públicos, garantizar la participación en la red de seguridad social y diseñar políticas que sean «más consistentes con las circunstancias y el comportamiento individual».
REFORMAS PARALELAS PARA GARANTIZAR SU ÉXITO
No obstante, aunque la digitalización puede ayudar a mejorar el cumplimiento tributario y la eficiencia del gasto de protección social, su éxito depende de la implementación de reformas paralelas, es decir, se necesita una estrategia de reforma general. También se deberán abordar «las múltiples» fuentes de riesgos digitales, como los derivados de la privacidad y la ciberseguridad.
El FMI también advierte de que la digitalización de las administraciones requiere de inversiones sustanciales para el desarrollo de capacidades y la creación de la propia infraestructura digital, así como de otra serie de recursos para financiar los costes recurrentes que representan su mantenimiento regular. Además, resulta vital la cooperación internacional para garantizar la aplicabilidad y la seguridad del intercambio de datos.
DESAFÍOS DE LA DIGITALIZACIÓN
Con todo, el FMI considera que, aunque la digitalización puede reducir significativamente muchos problemas, existe una serie de obstáculos que se presentan como un desafío para los responsables políticos a la hora de su implementación.
De esta forma, sostiene que el entorno digital es «un territorio desconocido», por lo que puede suponer una «amenaza directa» para la recaudación de impuestos y la eficiencia del gasto al crear nuevas oportunidades de fraude. «Aquellos que intentan engañar pueden alterar digitalmente la información para esconderse o tergiversarse ante el gobierno.
Al mismo tiempo, cree que es posible que los actores económicos no puedan acceder a información relevante cuando interactúan con las administraciones públicas, lo que dificulta el pago de impuestos, el acceso a los servicios y la recepción de beneficios, reduciendo así la efectividad de la política fiscal. «Las instituciones públicas no transparentes generan desconfianza, lo cual es perjudicial para el crecimiento económico y el bienestar», concluye.
