La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja junto con los agentes sociales y las comunidades autónomas para analizar los retos de la economía digital, con el fin de garantizar de que esta digitalización no puede suponer «un menoscabo de derechos».
Así se ha pronunciado durante la interpelación dirigida por la diputada socialista Esther Peña Camarero durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que la ministra ha pedido ver este fenómeno «no como una incertidumbre, sino como una gran oportunidad», pues ha dicho que «de dos empleos que se pierdan en la economía real, se crearán cinco en la economía digital».
En todo caso, ha reconocido la aparición de «tensiones en el tejido productivo» por «la competencia creciente» y en «los marcos regulatorios nacionales», y ha apostado por «darle en Europa una respuesta conjunta» para aquellos sectores en los que se integran «trabajadores atípicos que no son del Régimen General Común ni son efectivamente autónomos».
Asimismo, ha recordado que trabajan también con un grupo de expertos y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para publicar un Libro Blanco de la economía digital. «En España ni vamos a perder ninguna oportunidad de emprendimiento ni vamos a dejar que se menoscaben los derechos laborales por esa economía digital», ha dicho la ministra.
ESPAÑA LIDERA LA RESPUESTA AL EMPLEO DIGITAL
En este sentido, ha defendido que «España está a la cabeza de la respuesta al empleo digital», elogiando que pese «a las soflamas de demagogia», España lidera la creación de empleo en Europa y, en el sector digital, la tasa de contratos indefinidos supera en 14 puntos la media nacional.
En todo caso, Báñez ha asegurado que trabajan por «evitar el fraude» en todos los sectores, incluido el digital, con atención «del que tuerce la norma o actúa de forma ilegal», y ha desglosado unos «excelentes resultados», ha dicho, del Plan de Lucha contra el Fraude impulsado por su departamento.
Así, ha dicho que desde su pues puesta en marcha han aflorado 500.000 empleos irregulares, 6.700 empresas ficticias han sido «dadas de baja porque defraudaban» y se han convertido 345.000 contratos temporales en indefinidos, con un incremento en los ingresos, ha cifrado, de más de 20.400 millones de euros a la Seguridad Social.
