El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este lunes cambios sobre la Política Agraria Común (PAC) que, entre otras cuestiones, incluyen los pastos mediterráneos dentro de los pastos permanentes y dan más flexibilidad a los países para aplicar la figura del agricultor activo.
Estas modificaciones han sido aprobadas con 503 votos a favor, 87 en contra y 12 abstenciones y entrarán en vigor el 1 de enero de 2018, una vez que recibe el visto bueno formal de los gobiernos de la UE.
En concreto, se trata de los aspectos agrícolas del llamado ‘reglamento Ómnibus, que reforma la normativa financiera sobre la implementación del presupuesto del bloque comunitario y otros 15 actos legislativos comunitarios.
En el caso de la agricultura, la reforma incide sobre los cuatro reglamentos que componen la PAC (pagos directos, desarrollo rural, organización común de mercados y regulación horizontal) con el objetivo de simplificar estas normas.
Así, además de dar más flexibilidad a los Estados miembros para aplicar los criterios sobre pastos permanentes, los cambios también convierte en opcional aplicar la figura de agricultor activo para conceder ayudas de la PAC.
Por otro lado, se permitirá a las organizaciones agrarias planificar la producción y negociar contratos de suministro en nombre de sus miembros. La negociación colectiva sólo estaba autorizada en algunos sectores, como la leche, el aceite de oliva, la carne de ternera y los cereales.
Los Estados miembros también podrán incrementar las subvenciones adicionales a los jóvenes agricultores hasta el 50% desde el 25% actual, así como revisar anualmente sus decisiones sobre ayudas asociadas voluntarias.
El acuerdo alcanzado entre las instituciones comunitarias prevé además la puesta en marcha de una herramienta de estabilización de rentas específica para sectores, que se activará cuando los ingresos de los productores caigan más de un 20% con respecto a su media anual. El instrumento general de estabilización de rentas se seguirá activando cuando esta caída sea superior al 30%.
Además, las instituciones de la UE rechazaron la propuesta de la Comisión Europea de eliminar la «regla 50/50» de reparto de los pagos irregulares no recuperables, de forma que los Estados miembros y el presupuesto comunitario seguirán compartiendo en el mismo grado las consecuencias económicas.
