La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido ante sus homólogos de la Unión Europea una solución «específica» para el sector del transporte en la revisión de las nuevas normas sobre trabajadores desplazados, que buscan igualar las condiciones laborales de estos empleados con las de los trabajadores locales.
«A todos nos preocupa el fraude y las distorsiones que se puedan producir. Luchar contra el fraude lo queremos todos pero también tenemos que mantener el equilibrio entre la libre circulación de personas y de prestación de servicios sin que la productividad y la competitividad se vean afectadas», ha defendido este durante el debate sobre la revisión de la directiva que regula los derechos de los trabajadores desplazados.
«Y este equilibrio, entendemos, debe alcanzar también a la aplicación de las reglas sobre desplazamiento a la actividad del transporte, que por su naturaleza específica y su alta movilidad requiere una solución específica», ha añadido.
El principal punto de la reunión de ministros de Empleo de los Veintiocho en Luxemburgo es consensuar una posición común sobre esta reforma, de cara a las futuras negociaciones con el Parlamento Europeo, la otra institución con poderes legislativos del bloque comunitario.
Los Estados miembros están divididos en dos bloques sobre esta cuestión y las mayores críticas provienen de España, Portugal Irlanda y los países del este (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía), que piden que se tenga en cuenta la naturaleza específica del transporte por carretera y del cabotaje y que, por tanto, las normas sobre trabajadores desplazados no se apliquen sin disposiciones concretas para este sector.
«España está abierta al acuerdo y lo ha estado siempre, pero la redacción actual nos parece que no es suficientemente equilibrada», ha expresado Báñez, para después afirmar que una solución podrá ser aplazar la aplicación de las normas sobre trabajadores desplazados al sector del transporte por carretera hasta que entre el vigor la normativa sobre movilidad, que también está en fase de negociación.
Asimismo, la ministra de Empleo ha reclamado que las nuevas reglas establezcan un periodo máximo de 24 meses para que un trabajador sea considerado como desplazado, una solución que ha considerado «equilibrada y razonable».
En cualquier caso, en su intervención ante el resto de socios, Báñez ha resaltado que el hecho de que los trabajadores europeos «no encuentren fronteras» dentro de la UE «sin duda fortalece» al bloque comunitario.
«La libre movilidad de trabajadores constituye una pieza fundamental en el mercado de la Unión y no debemos retroceder en los avances conseguidos juntos hasta la fecha», ha subrayado.
