El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado que la sentencia del Supremo que obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las eléctricas por el bono social supone «que lo paguen los consumidores».
Por esta razón el Gobierno analizará las consecuencias jurídicas, si bien cumplirá la sentencia si la Abogacía del Estado así lo establece, a pesar de que ha recurrido al Tribunal Constitucional para aclarar si la competencia sobre este asunto le corresponde a Luxemburgo o al Supremo.
Así lo ha señalado Nadal en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que las sentencias «hay que aplicarlas cuando se emiten», si bien por ahora hay un «incidente de ejecución», y ha recordado que el Gobierno presentó un recurso sobre este asunto al entender que la aplicación de la normativa comunitaria sobre el bono social le corresponde al Tribunal de Luxemburgo, al ser «competente para ello», en vez de al Supremo.
Una vez que el Tribunal Constitucional haga cuestión prejudicial, Nadal ha indicado que se tendrá que estudiar la aplicación, pero si es una sentencia «evidentemente se tendrá que cumplir».
El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o las comercializadoras.
Nadal ha apuntado que el hecho de que la sentencia apunte al sistema eléctrico es «una cuestión que hay que ver», ya que «las responsabilidades del Estado generalmente son presupuestarias, aunque nosotros habilitamos la posibilidad de que lo haga el sistema eléctrico», que, ha añadido, «no es un ente abstracto», sino «todos los consumidores». Esto «quiere decir que lo paguen consumidores, por eso queremos ver las consecuencias jurídicas de esto», ha añadido.
En cualquier caso, Nadal ha señalado que si la Abogacía del Estado dice que se tiene que cumplir lo establecido en la sentencia del Supremo, «como este es un Estado de Derecho tendremos que cumplirlo tal cual lo ha establecido el Supremo.
APROBACIÓN «INMINENTE» DEL NUEVO BONO SOCIAL
El ministro ha anunciado también que la aprobación del nuevo bono social eléctrico «está a punto ya de aprobarse» y es «inminente», ya que solo queda el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que se prevé que no tarde «mucho», tras lo que se iniciará su tramitación definitiva.
En este sentido, ha destacado que se trata de un «cambio importante» porque se hará en función del nivel de renta, para lo que ha sido «fundamental» la colaboración del Ministerio de Hacienda y principalmente de Empleo, ya que se aplicarán los mismos «esquemas y procedimientos» que para otro tipo de prestaciones, como la ayuda del Plan Prepara para desempleados.
Asimismo, ha explicado que se va a establecer un periodo transitorio de seis meses «para que todo el mundo se adapte desde el antiguo sistema al nuevo», aunque «será una realidad el bono social, ya muy en breve plazo, para aplicarse desde este invierno».
En concreto, ha detallado que la verificación de los niveles de rentas se llevará a cabo a través de un sistema informático similar al de otro tipo de prestaciones en las oficinas de empleo, si bien los clientes podrán acudir hasta entonces a las comercializaciones con sus niveles de rentas, por un «periodo breve».
En ese periodo transitorio de seis meses todos los usuarios del bono social podrán seguir manteniendo su descuento y las eléctricas no se encargarán «nunca» de verificar los niveles de renta, sino las oficinas de Empleo, ha especificado.
SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS
Preguntado por el sistema de fijación de precios de la electricidad, Nadal ha subrayado que depende de lo que cuesta producir la energía, en función de la meteorología y el precio del petróleo, y aparte están las decisiones políticas, que suponen unos 11.000 millones de euros del coste total de 33.000 millones de euros del sistema eléctrico.
El titular de Energía ha criticado las decisiones políticas «del pasado» que encarecieron el coste y heredaron los distintos gobiernos, que «no se pueden eliminar de un día para otro», sino acometer reformas como la llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que evitó que el coste de la luz se encareciese un 42%, según Nadal.
En este sentido, ha abogado por un ‘mix’ energético «adecuado, que sea barato y cumpla con los objetivos medioambientales», lo que se está intentando conseguir con las subastas de renovables, que «entran en el mercado, no tienen prima y al mismo tiempo compiten, por lo que ayudan a mejorar el precio y el medio ambiente».
No obstante, para Nadal es necesario que el ‘mix’ «piense en el consumidor y el precio y no solo en el medio ambiente», y principalmente que no se tomen decisiones de orden político que «están muy bien anunciarlas, pero van directamente al recibo».
