La Confederación advierte, no obstante, de la inseguridad jurídica y los perjuicios para las pymes derivados de la proposición de Ley presentada en la Cámara Baja.
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La morosidad empresarial se incrementó en el primer trimestre de este año, tanto en lo que se refiere a la deuda comercial en mora como en el período medio de pago, según los datos del último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, editado por CEPYME, correspondiente a los tres primeros meses de este año. El Índice Sintético de Morosidad Empresarial (ISME), que trimestralmente mide este Boletín, se situó en 94’3 puntos, 1’1 puntos más que en el período anterior.
Estos datos confirman una cierta estabilización de la morosidad, en un nivel medio de 94 puntos desde mediados de 2012, con ligeras variaciones cíclicas en los distintos periodos considerados.
En este contexto, CEPYME considera que “solo nuevas medidas estructurales permitirán una mayor corrección de los niveles de morosidad, dado que ni la bonanza del ciclo económico ni la nueva regulación parecen tener mayor incidencia”. La Confederación aboga por tomar medidas, también de carácter fiscal y en los ámbitos de la educación y la formación, que contribuyan a erradicar la “cultura de la morosidad”, que aún sigue muy enraizada entre las empresas y las administraciones.
Por ello, valora positivamente el consenso de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados en torno a la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, si bien advierte de la “inseguridad jurídica, parcialidad y perjuicios para la actividad de las empresas de menor dimensión” que se derivarían de las medidas propuestas en la actual redacción de la proposición de Ley presentada por Ciudadanos.
Para CEPYME es preciso articular un régimen sancionador proporcionado,que no tenga efectos discriminatorioshacia las pequeñas y medianas empresas y que resulte eficaz como instrumento disuasorio de esta negativa práctica comercial, a través de medidas “ponderadas, pero firmes y consensuadas con los representantes del conjunto de las pequeñas y medianas empresas de todos los territorios y sectores de actividad implicados”.
En particular, señala CEPYME, “es imprescindible que se penalicen aquellas conductas en las que se produzca un abuso de posición dominante en el mercado y competencia desleal”. En este sentido, la Confederación considera que deberían tipificarse como actos desleales, según la Ley de Competencia Desleal, tanto la inobservancia grave de los plazos de pago legal o contractualmente exigibles, como otras conductas tales como la inobservancia de los Códigos de buenas prácticas voluntariamente asumidos.
También es preciso reforzar jurídicamente la facultad de comprobación de la Administración contratante respecto del cumplimiento de los pagos que los contratistas hacen a los subcontratistas o suministradores, penalizando negativamente a quién se presente a la contratación pública e incumpla este requerimiento.
Incremento de la morosidad
El periodo medio de pago de las operaciones comerciales se incrementó en el primer trimestre de este año hasta los 81 días, regresando a los niveles registrados en 2015, según los datos del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME. Por su parte, la deuda comercial en retraso de pago aumentó dos décimas, respecto del trimestre anterior, hasta representar el 71’4% del total del crédito comercial.
De esta forma, el coste financiero de la morosidad aumentó hasta los 980 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto del último trimestre de 2016.
Por sectores, textil y construcción se mantienen un trimestre más como las ramas de actividad con periodos de pago más elevados, 93’9 y 93’2 días respectivamente, más de 30 días por encima del plazo legal (60 días). En ambos casos se ha registrado un incremento respecto a los plazos medios registrados en el trimestre anterior (90’7 y 92’5 días, respectivamente).
En lo que se refiere a la evolución de la morosidad interempresarial por Comunidades Autónomas, las empresas de Cataluña muestran el mejor comportamiento de pago, con 73’1 días de media, si bien se experimenta un incremento de casi un día respecto del trimestre anterior (72’2 días). Por el contrario, las empresas de la Comunidad Foral de Navarra son las que presentan mayores retrasos en los pagos, con un plazo medio de 90’8 días, frente a los 80’9 del trimestre anterior.
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas registran un incremento en los períodos medios de pago interempresariales, con la excepción de Principado de Asturias, País Vasco, Galicia, Andalucía y Región de Murcia.
Por lo que respecta a la morosidad de las Administraciones Públicas, las Corporaciones Locales, continúan siendo las administraciones que acumulan un mayor retraso en el pago de sus facturas a los proveedores, si bien los plazos medios se reducen de 107 días en el tercer trimestre de 2016 a 87’6 días en el primer trimestre de este año, todavía muy por encima de los 30 días que establece la Ley. En las Comunidades Autónomas, los plazos de pago se redujeron hasta los 57 días, mientras que en los organismos y entes públicos dependientes de la Administración General del Estado aumentaron hasta los 55’9 días. La administración central presenta los menores retrasos de pago del conjunto de las administraciones públicas, con una media de 48’7 días, 18’7 por encima del período legal.
