El 61% de las empresas ha recibido peticiones para aceptar plazos más largos de lo estipulado, frente al 46% registrado en 2016.
Los pagos tardíos son una costumbre en el tejido empresarial europeo, puesto que el 72% de las compañías reconoce hacer frente a sus facturas con retraso. Además, el 40% afirma hacerlo de forma sistemática. Así se desprende del Informe Europeo de Pagos 2017 elaborado por Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa, que un año más analiza el estado de salud de la deuda de 10.468 empresas pertenecientes a 29 países de Europa. Un estudio que pretende arrojar luz acerca del flujo de deudas en los distintos países y que busca crear conciencia sobre las consecuencias que la morosidad conlleva para el crecimiento de la economía de cualquier nación.
Esta realidad enlaza con el hecho de que el 61% de las empresas encuestadas ha sido instado a cobrar más tarde de lo estipulado (frente al 46% del pasado año). Esta gestión deriva en un ‘círculo vicioso’ en el que las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a ejecutar más tarde sus propios pagos. En este sentido, destaca el hecho de que el cumplimiento a tiempo de las Pymes con sus obligaciones de pago es mayor que el de las grandes compañías (un 28% frente al 18%).
Las consecuencias directas derivadas de la dilatación en la recuperación de débitos pasarían –de mayor a menor, según la opinión de los encuestados- por la disminución de la liquidez, la pérdida de beneficios, el freno al crecimiento, los intereses adicionales para la empresa, la amenaza para la propia supervivencia, la incapacidad para afrontar nuevas contrataciones e, incluso, el despido de empleados.
No obstante, también hay datos que animan a pensar en una mejora, puesto que en todos los casos el porcentaje de compañías que califican estos riesgos como graves desciende respecto a 2016. Asimismo, otro de los puntos positivos de este 2017 es la disminución de las pérdidas derivadas de la deuda incobrable, que ha pasado de un 2,4% de su facturación en 2016 al 2,1% del presente año.
En líneas generales, el director general de Intrum Justitia en España, Juan Carlos González, lamenta que “aunque podemos observar una cierta mejora en las empresas europeas, es preocupante comprobar que la cultura del ‘pago a tiempo’ no vaya en esta línea. El ecosistema empresarial está gravemente dañado por la tendencia a establecer condiciones contractuales de pago de 90 días, e incluso superiores, y pagar más tarde de lo acordado de forma deliberada”.
Comportamiento de pago por países
Para entender a la actitud que las empresas de los países encuestados demuestran ante el pago de sus deudas, el informe analiza la diferencia temporal entre el plazo estipulado con el cliente y el plazo real.
El Sector Público, según la experiencia de los empresarios, es el que más tarda en hacer efectivos sus compromisos económicos, llegando a retrasarse del plazo establecido hasta los 46 días en Portugal, 27 en Italia, 23 en Grecia y 19 en España. Frente a estos países, Reino Unido y Bélgica son los únicos en los que la Administración no solo paga a tiempo, sino que incluso zanjan sus deudas antes del tiempo acordado con sus proveedores.
Si se atiende al ámbito B2B, donde mayor diferencia se registra entre el plazo contractual de pago y el plazo real es en Portugal, Grecia y Croacia, países en los que se hacen efectivas las facturas hasta con 20 días de retraso. En el otro lado de la balanza, despunta Europa del Este: en Bosnia, Alemania, Hungría y Rumanía los proveedores saldan sus cuentas antes de lo estipulado. Una tendencia que también se observa en el entorno B2C.
No resulta extraño que desde estas empresas se soliciten regulaciones de pago más duras, siendo un 40% de los negocios los que acogerían de buen grado una nueva legislación. En una línea similar, el 30% preferiría establecer una cultura del ‘pronto pago’ basada en un código de conducta.
Confianza frente a la morosidad
El informe elaborado por Intrum Justitia también examina el Índice de Riesgo de Pagos Europeo, un análisis que ofrece una visión holística de los distintos mercados y sus riesgos con el fin de entender cómo los negocios perciben en sus respectivos países el impacto y exposición que les ocasionaría que sus clientes no paguen a tiempo. Para ello, se sirve de indicadores que estudian el riesgo de facturas atrasadas, el impacto en sus arcas y el tiempo legal de cada país para pagar frente al tiempo real.
Teniendo en cuenta estos factores, las empresas que mayor confianza depositan en sus mercados se encuentran situadas en Dinamarca, Lituania, Austria, Serbia y Hungría. En el otro lado de la balanza, los empresarios de Portugal, Grecia, Italia, Irlanda y República Checa son los que mantienen un mayor nivel de alerta. España, por su parte, se encuentra hacia la mitad del ranking, en el puesto 17.
