Creará una Oficina Nacional de Evaluación de los proyectos de inversión y una auditoría del gasto público. Así figura en el Programa Nacional de Reformas de 2017, remitido a la Comisión Europea junto al Programa de Estabilidad Presupuestaria 2017-2020.
El Gobierno ha garantizado a Bruselas que con la estrategia presupuestaria «responsable» puesta en marcha está asegurada la consecución del objetivo de déficit del 3,1% este año, «se aprueben o no los Presupuestos», seguirá tomando medidas para continuar con la consolidación fiscal e intensificará las actuaciones en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, entre otras.
Así figura en el Programa Nacional de Reformas de 2017, remitido a la Comisión Europea junto al Programa de Estabilidad Presupuestaria 2017-2020, en el que se compromete a seguir tomando medidas de consolidación fiscal con el fin de cumplir la meta de déficit del 3,1% del PIB fijada para este año, con el objetivo de que España saga del procedimiento de déficit excesivo en 2018.
En un contexto de prórroga de los Presupuestos de 2016, el Gobierno destaca que ha puesto en marcha una estrategia presupuestaria «responsable» que «garantiza la consecución de ese objetivo, se aprueben o no en el Parlamento los Presupuestos para 2017».
Entre otras medidas, destaca la revisión integral del gasto en las administraciones públicas, la aplicación de medidas para garantizar que el esfuerzo fiscal es compartido por todas las administraciones, y la mejora de la transparencia y suministro de información presupuestaria y financiera por parte de las administraciones.
CONTROL DE GRANDES FORTUNAS Y MULTINACIONALES
No obstante, señala que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal «seguirá siendo prioritaria para el Gobierno», para lo que afirma que se intensificarán las actuaciones a nivel nacional, destacando el aumento del control de las grandes fortunas, la lucha contra la economía sumergida y las actuaciones contra la elusión fiscal de las multinacionales.
En la esfera internacional prevé seguir desempeñando un «papel activo» en las distintas iniciativas dirigidas a combatir el fraude y la evasión fiscal.
Según el Gobierno, en 2017 los ingresos por lucha contra el fraude continuarán incrementándose al mismo ritmo que en ejercicios pasados, impulsados por la entrada en vigor de nuevas medidas con la reforma de la Ley General Tributaria aprobada a finales de 2015 y los nuevos sistemas de intercambio y suministro de información.
Actualmente está en fase de preparación el proyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá, entre otras medidas, la nueva limitación cuantitativa de pagos en efectivo, que pasará de 2.500 a 1.000 euros, y se regulará la posibilidad de no incluir en las listas de deudores a la Hacienda Pública a aquellos obligados que efectúen el pago, incluso tras comunicarles su potencial inclusión.
Asimismo, se modernizará el sistema de precintas para bebidas alcohólicas u obligaciones formales en el ámbito del Impuesto sobre Labores del Tabaco, y se incluirá el cobro de la deuda pendiente de los obligados tributarios.
EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
Para la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria contempla el inicio de un proceso de reforma de la imposición medioambiental, y la realización de una auditoría o revisión integral del gasto público conjunto de las administraciones públicas.
Igualmente, se garantizará la viabilidad de los nuevos proyectos de inversión a través de la plena implementación y desarrollo de la Oficina Nacional de Evaluación, que analizará la eficiencia y sostenibilidad de las inversiones públicas del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas.
A su vez, el Ministerio de Hacienda, las CCAA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llevarán a cabo un análisis de la regulación actual de la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con la previsión de una futura aprobación de un real decreto con una nueva regulación de la regla de gasto.
LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR
En lo que respecta a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, prevé la implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2017-2020, que se centrará en la contratación, la siniestralidad laboral, igualdad y no discriminación y formación en el empleo, así como en materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
También contempla la creación y puesta en marcha del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, dentro de éste, de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
A nivel internacional, España seguirá apoyando e impulsando las distintas iniciativas dirigidas a combatir el fraude y la evasión fiscal, como el Plan de acción contra la erosión de bases imponibles y traslado artificial de beneficios (BEPS), impulsado por la OCDE.
Como principales retos de la economía española, el Gobierno apunta a la reforma de la financiación territorial, la reforma del sistema educativo y la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre la que explica que en la actualidad se está discutiendo en el seno del Pacto de Toledo el documento presentado por el Gobierno sobre viabilidad y sostenibilidad del sistema.
«A partir de estas deliberaciones se espera acordar nuevas recomendaciones y medidas adicionales que fuercen los pilares financieros del sistema», asevera.
El Gobierno de Mariano Rajoy se marca como objetivo alcanzar el pleno empleo para el 74% de las personas de 20 a 64 años en el marco de la estrategia 2020 y una inversión del 3% del PIB en I+D.
