La Comisión Europea ha lanzado esta semana una consulta pública para explorar cómo modernizar las normas sobre el impuesto especial para bebidas alcohólicas.
Tiene el objetivo de aligerar la carga sobre los pequeños productores y también combatir mejor la venta de alcohol de contrabando.
La consulta está abierta a las partes interesadas hasta comienzos de julio y se enmarca en los trabajos del Ejecutivo comunitario para revisar una directiva que se aplica sin cambios desde 1992.
Bruselas ha señalado recientemente la necesidad de normas «aligerar» las reglas para apoyar a los pequeños productores de bebidas alcohólicas y reducir los costes que soportan, así como de tomar medidas para luchar contra el peligro que supone la venta fraudulenta de bebidas.
Además, los ministros de Finanzas de la UE encargaron el pasado diciembre al Ejecutivo comunitario que explorara la situación del sector para preparar una posible propuesta legislativa, para la que aún no hay fecha.
La normativa comunitaria sobre impuestos especiales que se aplica al alcohol tiene por objetivo evitar distorsiones en el mercado único, garantizar una competencia justa entre negocios y reducir la carga burocrática para los fabricantes.
El sistema de gravamen define categorías de producto (cerveza, vino y bebidas fermentadas y alcohol y derivados) y establece la metodología para asignar la tasa, así como condiciones para permitir tipos reducidos o exenciones.
Los impuestos especiales son tasas indirectas sobre la venta y uso de productos específicos, previstos en el mercado de la UE tanto para elevar la recaudación de las arcas públicas de los Estados miembros como para controlar o moderar el consumo de determinados productos.
