La dificultad financiera y el retraso intencional se posicionan como las causas principales en cuanto a la demora en el pago, siendo las empresas B2B y las operaciones con el sector público las más acusadas.
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Las pérdidas económicas derivadas de los retrasos en la gestión de cobros por parte de las compañías a sus proveedores sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta el tejido empresarial español, que se materializa en una pérdida directa del 3% en sus ingresos anuales totales.
Así se desprende del último Informe Europeo de Pagos emitido por Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa, que en su desglose nacional pone el acento en el largo periodo que las empresas acreedoras tardan en reclamar sus deudas: el 43% de ellas tarda más de 30 días; seguidas por el 30% que lo hace entre 31 y 60 días; el 17% de 61 a 90 días; y un 11% de 91 a 180 días. De estos datos se deduce que muchas compañías aceptan plazos de pago más largos, algo que puede derivar en retrasos, impagos y otras cargas.
A la espera de que se haga efectiva por parte del Ministerio de Hacienda la puesta en marcha de un régimen sancionador que endurezca las consecuencias fiscales para aquellas empresas que superen los periodos legales de morosidad –siendo de 60 días el máximo entre el sector privado, y de 30 en el caso de provenir de la administración–, el informe pone de manifiesto las consecuencias derivadas de los mismos. Así, los empresarios registran con un impacto medio-alto los problemas de liquidez, la pérdida de beneficios y los costes adicionales que les supone no cobrar dentro de los plazos que establece la ley. Además, identifican otras consecuencias igualmente preocupantes, como los despidos o la imposibilidad de nuevas contrataciones. De hecho, el 32% de los preguntados sostiene que podrían incorporar nuevos empleados a sus plantillas en caso de que sus proveedores le pagasen a tiempo.
El coste de ser acreedor
Una vez analizada la problemática directa que suponen estas demoras, Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia en España, alerta sobre otros posibles efectos colaterales más difíciles de contabilizar: “las pérdidas también pueden registrarse a través de otros gastos, como los derivados de la gestión de cobro interna para afrontar los impagos o la pérdida de valor adquisitivo que la empresa sufre al no ejecutar las facturas en la fecha de vencimiento contractual”.
Asimismo, González añade que “cuanto más tiempo pasa desde el vencimiento de la factura, mayor coste supone para la compañía porque aumenta la dificultad de recobrar esa deuda”.
Causas del retraso en los pagos
Entre las causas del retraso en los pagos identificadas por los empresarios españoles destaca el hecho de que el 65% de los preguntados apunta hacia la intencionalidad, aunque vinculada con una carga financiera no muy severa. No obstante, no se trata de la más señalada: el 89% es consciente de que sus clientes atraviesan por dificultades económicas que les impiden saldar sus deudas a tiempo. Otros motivos identificados son los problemas con los productos y/o servicios (10%) o la ineficiencia en el área administrativa (33%).
Por otro lado, con el horizonte de un endurecimiento fiscal aún por definir, los datos prevén una continuidad en cuanto a la percepción de la deuda por parte de los empresarios. De este modo, el 66% de los encuestados consideran que ésta permanecerá estable. En posiciones encontradas, se halla que el 13% creen que aumentará frente al 27% que opina que se reducirá.
