La proposición no de ley tiene por objeto «concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía».
Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de diciembre de 2016 publicado por Cepyme y recogido por los ‘populares’ en su iniciativa, el coste de la morosidad asciende a 869 millones de euros. Esta cifra es para el PP «inaceptable», pues afecta a la mitad de las pymes españolas, provocando reducciones de plantillas e incluso, lamenta, el cierre de la propia empresa.
UN COMPROMISO PACTADO PARA LA INVESTIDURA
El establecimiento de sanciones estaba en el paquete de medidas pactado entre el PP y Ciudadanos en agosto de 2016 para la investidura de Mariano Rajoy, donde acordaron la prohibición de poder acogerse a ventajas fiscales o en bonificaciones en las cotizaciones.
De hecho, en la última sesión de control al Gobierno, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, criticó que, pese a la mejora de los plazos, el período medio de pago infringía en 2016 los límites marcados en la legislación: en el sector privado se situaba en 77 cuando el plazo legal es de 60 días, y en el sector público de 71 días cuando el plazo es de 30.
Como respuesta, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunció una revisión de todos los contratos suscritos en la administración pública para garantizar que tanto el sector público como la empresa contratada cumplen «escrupulosamente» la Ley de Morosidad.
