El secretario de Estado de Seguridad Social cerrará el 5 de abril la fase de comparecencias, una vez hecho balance del ejercicio 2016.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo iniciará la revisión de todas sus recomendaciones tras la Semana Santa, a mediados de abril, tras haber recibido más de treinta comparecientes con los que analizar el presente del sistema público de pensiones y debatir sobre cómo será su futuro.
Esta fase de comparecencias, que se han desarrollado durante 22 sesiones de la comisión, tendrá su punto y aparte con la visita del secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que dará cuenta en el Congreso del estado del organismo, que días antes dará a conocer los datos del cierre del ejercicio 2016.
Sin embargo, será punto y aparte porque los grupos han acordado que, junto a esta fase de discusión y reelaboración de las recomendaciones, seguir recibiendo comparecientes sobre dos temas aún no analizados en la comisión: la cuestión del género y el mundo rural.
En todo caso, la hoja de ruta de la comisión tras el parón vacacional pasará por la reelaboración de las nuevas recomendaciones, misión última de la comisión al iniciar sus trabajos en la presente legislatura ante el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocida como ‘la hucha de las pensiones’.
LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES, EN EL PUNTO DE MIRA
En principio, los grupos iniciarán la revisión ordenada de los puntos, aunque asumen que deberán priorizar aquellas cuestiones en las que haya mayor consenso ante los previsibles escollos que se plantearán, especialmente en las reformas estructurales, de mayor calado. Estos trabajos de discusión previsiblemente tendrán lugar a puerta cerrada.
En este sentido, los grupos ven más factible llegar a acuerdos sobre las nuevas fuentes de financiación y las medidas puntuales que, a corto plazo, permitirán un mayor nivel de ingresos a las arcas de la Seguridad Social.
Sin embargo, la principal preocupación –y mayor escollo para alcanzar un acuerdo–, como han mostrado los grupos durante las sesiones celebradas, será la evolución de las actuales pensiones, que tras la reforma emprendida en solitario por el PP en 2013 se sustentan en el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019.
Estas medidas, introducidas para recortar el gasto de las pensiones, acabar con la evolución de los precios como referencia, y vincular las pensiones a los ingresos del sistema y la situación económica del país, no contentan a prácticamente ningún grupo, a excepción del PP. De hecho, el PSOE ya ha dejado claro que no habrá acuerdo alguno sin la derogación o modificación del IRP, y retornar a su ‘indexación’ o, al menos, su vinculación con la evolución de los salarios y la productividad.
¿ADIÓS A LAS BONIFICACIONES CON CARGO A LA SEGURIDAD SOCIAL?
Otra de las cuestiones que la oposición cree posible revertir son las bonificaciones a la contratación a cargo de la Seguridad Social, bandera de las políticas activas de empleo del PP. Incluso los ‘populares’ asumen que deberán dar más margen a las cuentas del sistema, y en sus enmiendas a la proposición de ley de medidas urgentes para los autónomos que tramita el Congreso introdujo matices a las bonificaciones, repartiendo los cargos entre la Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado.
De hecho, el PP cosechó hace pocas semanas la primera derrota parlamentaria de una iniciativa suya en el Pleno de la Cámara en lo que va de legislatura, cuando la oposición tumbó su propuesta de bonificar durante cuatro años la contratación temporal.
MÁS DE 30 COMPARECENCIAS DESDE NOVIEMBRE
Desde que Fátima Báñez iniciara el 22 de noviembre de 2016 las comparecencias, se han celebrado 22 sesiones en las que más de 30 personas han aportado su visión acerca del presente y futuro de las pensiones.
Representantes de sindicatos, la patronal, asociaciones profesionales, entidades financieras, mutualidades, fondos de pensiones privadas y catedráticos han pasado por el Congreso para exponer su análisis y sus propuestas. También el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y la propia Báñez, que volvió a comparecer a la comisión.
En un inicio, el Gobierno pretendía que estos trabajos fueran rápidos y poder tener en primavera una revisión de las recomendaciones que ya debían haberse actualizado en 2016 (se revisan cada cinco años), e incorporarlas a los Presupuestos de 2017.
Finalmente, el Ejecutivo pactó con el PSOE varias medidas al respecto, como el aumento de las bases mínimas de cotización y el ‘destope’ de las cotizaciones máximas, con el fin de mejorar los ingresos.
Sin embargo, los grupos asumen que antes de finales de mayo y principios de junio no podrán tener cerradas las primeras recomendaciones, aunque, igual que con las primeras estimaciones, existe cierto escepticismo de que esto acabe siendo así, pues en la oposición creen que responde más a un intento del Gobierno de tener cerrada la revisión en verano y poder elaborar un decreto ley con medidas en el mes de septiembre.
