La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda al Gobierno crear un impuesto para disuadir del uso de bolsas de plástico en vez de establecer un precio mínimo, tal y como plantea el Ejecutivo en el Proyecto de Ley sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, que, en su opinión, no es la fórmula «más adecuada» porque introduce distorsiones desproporcionadas.
Así lo aconseja la CNMC en un informe publicado este viernes sobre el Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico que busca trasponer la una Directiva Comunitaria de 2015 a la legislación española.
El organismo afirma que, desde la perspectiva de la promoción de la competencia y la regulación económica eficiente, es mejor utilizar «una figura impositiva» a estas bolsas de un solo uso por «distintos» motivos.
El informe, realizado a petición del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias consultivas, señala que entre ellos, fijar un precio mínimo «no es la opción más adecuada» porque reduciría la efectividad de la medida a medio y largo plazo, frente a un impuesto que permite internalizar más eficientemente el daño que se produce al medio ambiente.
En ese sentido, estima que con un impuesto sería «el conjunto de consumidores los que soportarían el recargo del producto nocivo» y los contribuyentes los que podrán beneficiarse de los ingresos obtenidos en la imposición.
La CNMC pone de ejemplo la experiencia de otros países donde se han puesto en marcha medidas fiscales y, en particular cita el caso de Irlanda, donde la «eficacia» en conseguir el objetivo de reducción del consumo de bolsas ha sido «muy alta en el corto plazo».
Sin embargo, el organismo advierte de que el éxito de esta impuesto descansaría en que se complementara con «otras iniciativas» como campañas de sensibilización y/o de gestión de residuos que eviten o minimicen el impacto del plástico sobre el medio ambiente.
Por el contrario, estima que la efectividad de incrementar el coste a medio y largo plazo puede verse reducida, por lo que recomienda seguir los efectos de la medida y, en su caso, modificar la figura fiscal para lograr con más seguridad, los objetivos establecidos para España en la reducción del consumo de bolsas de plástico.
El Proyecto de Real Decreto busca desincentivar el uso de las bolsas de plástico por los efectos negativos sobre el medio ambiente. El texto elaborado por el Gobierno plantea fijar un precio mínimo de entre 5 y 30 céntimos por bolsa vendida para mitigar el impacto adverso que sus residuos en el medio ambiente y en actividades como el turismo.
También busca evitar la pérdida de recursos materiales y económicos que supone abandonar las bolsas de plástico y su dispersión en el medio ambiente.
La CNMC recuerda que España está en el grupo intermedio de los países de la UE con un uso de entre 100 y 200 bolsas por ciudadano al año. Por el contrario, el uso de bolsas de plástico de múltiples usos es casi nula.
Así, el proyecto normativo fija como objetivo que a 31 de diciembre de 2019, el consumo anual de bolsas de plástico ligeras no supere las 90 unidades por persona y que, a 31 de diciembre de 2025, el consumo anual de estas bolsas no supere las 40 unidades por persona.
El Proyecto de Ley que prepara el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente busca adelantar al 1 de enero de 2018 la prohibición de que los comercios distribuyan bolsas de plástico de forma gratuita y para ello pretende subir los precios actuales en los comercios que ya cobran por las bolsas a los consumidores que las solicitan.
Según la directiva europea, los Estados miembros deberán adoptar, al menos, una de las siguientes medidas: a) la adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no supera las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo equivalente expresado en peso; b) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos igualmente eficaces.
El proyecto de Real Decreto recoge que a partir del 1 de enero de 2018 quedará prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos. Asimismo, establece que los comerciantes cobrarán una cantidad (desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 30 céntimos en función de las características y usos), por cada bolsa de plástico que proporcionen al consumidor.
EXENTAS LAS DE PRODUCTOS A GRANEL
En todo caso, quedan excluidas de esta prohibición, y podrán entregarse de manera gratuita las bolsas de plástico muy ligeras que sean necesarias por razones de higiene o que se utilicen como envase primario para contener alimentos a granel a efectos de prevenir el desperdicio alimentario.
Además, el texto recoge que también a partir del 1 de enero de 2018, queda prohibida la comercialización de bolsas de plástico ligeras oxodegradables. El texto también recoge que las medidas contenidas en este real decreto no podrán generar un incremento del gasto público.
El Gobierno deberá llevar a cabo campañas de sensibilización al menos en el primer año desde la entrada de vigor de este proyecto de real decreto, y cumplir con las obligaciones europeas de marcado de las bolsas compostables, así como el procedimiento para la obtención de información en materia de bolsas al objeto de poder cumplir con la obligación periódica de suministro de información a la Comisión.
En cuanto al impacto económico de esta medida, el análisis del impacto normativo admite que es previsible que el real decreto produzca un impacto en la economía general en un doble sentido.
Por una parte, señala que la gestión del Registro de Productores de Producto, que gestionará Agricultura y la realización, de forma obligatoria, de campañas de sensibilización suponen un gasto que deberá ser asumido por los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto al impacto presupuestario en las comunidades autónomas, y Entidades Locales en su caso, señala que sólo se producirá en lo que respecta a la realización de las campañas de sensibilización.
Por otro lado, el Departamento señala que la mayoría de las empresas del sector de la distribución está ya cobrando un precio por la bolsa de plástico que oscila entre 0,01 céntimo de euro y 0,05 según el tamaño de la bolsa (se considera que estos precios incluyen el coste de fabricación).
El proyecto de Real Decreto supone un incremento de coste desde estos precios, que serán asumidos por el consumidor que decida comprar las bolsas y que tienen como objetivo un efecto disuasorio. Por ello, precisa que el impacto económico en el consumidor se irá reduciendo conforme reduzca su consumo de bolsas.
En cualquier caso, basándose en los datos facilitados por el sector sobre el consumo de bolsas en 2014, el gasto en el consumo de bolsas se incrementaría aproximadamente en 788 millones de euros si se mantuviera el nivel de consumo de 2014 (último dato disponible).
No obstante, señala que en la medida en que los objetivos de reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras establecidos por la directiva comunitaria e incorporados en el real decreto y los fijados para las bolsas de más de 50 micras, pasan por reducir el consumo de todas lasbolsas por habitante (las ligeras desde 147 en 2014 hasta 90 en 2020 y 40 en 2025 y un 30% las de más de 50 micras), se espera que el gasto asociado al consumo se reduzca paulatinamente.
