El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se reúne hoy con los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) para hablar sobre el empleo público y las condiciones laborales de los tres millones de funcionarios y empleados públicos.
A la reunión, convocada a las 9:30 horas de la mañana en la sede del Ministerio de Hacienda, acudirá, junto a Montoro, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para mantener un encuentro con el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda; el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Javier Jiménez, y el presidente de CSIF, Miguel Borra.
Fuentes sindicales han señalado a Europa Press que esperan que sea una reunión con «contenido» y se marquen ya las líneas generales de la oferta de empleo público y la retribución de los empleados públicos para este año, tras los encuentros mantenidos en los últimos meses con Hacienda en el marco de la ronda de contactos iniciada por Collado el pasado mes de noviembre.
En la última reunión informal entre Hacienda y los sindicatos sobre este asunto, mantenida el pasado 30 de enero, Collado instó a las organizaciones sindicales a que le remitiesen en el plazo de dos semanas un calendario conjunto de temas a negociar, previo a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, para iniciar las negociaciones sobre las condiciones de los empleados públicos, que posteriormente se incluirían en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Ante un posible escenario de una nueva prórroga de los Presupuestos, los sindicatos consideran que sería posible negociar la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios, entre ellas la subida retributiva, a través de un real decreto que cumpla con el techo de gasto, tras haberse aprobado ya el alza de las pensiones.
SUBIDA SALARIAL Y OFERTA DE EMPLEO
Por ello, los sindicatos reclamarán a Montoro un aumento del salario de los empleados públicos que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
En este sentido, las mismas fuentes sindicales recuerdan que los empleados públicos «no pueden esperar más», ya que aún desconocen su variación salarial a pesar de haber transcurrido ya un mes y medio del ejercicio 2017, con un pacto que permita recuperar de forma paulatina el poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años, que los sindicatos cifran en torno a un 13%.
Asimismo, exigirán la convocatoria «inmediata» de la Oferta de Empleo Público que contemple la eliminación de la tasa de reposición y una contratación en función de las necesidades, por encima de las jubilaciones si es preciso.
A este respecto, denuncian un déficit de 300.000 puestos de trabajo públicos desde el inicio de la crisis, en un contexto, además, que se ve agravado por el envejecimiento de la plantilla pública (el 63% tiene más de 50 años) y de un «altísimo» nivel de interinidad, especialmente en ámbitos como la sanidad o la educación.
INTERINOS Y JORNADA DE 35 HORAS
Las organizaciones sindicales prevén abordar con Hacienda la sentencia europea que instaba a España equiparar la indemnización de los trabajadores interinos con la de los indefinidos, y las medidas a tomar sobre el análisis realizado por el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Empleo, que recomendó una indemnización por finalización de contrato de al menos 12 días para los interinos.
Igualmente, trasladarán su reivindicación de la jornada de 35 horas semanales, un día después de haberse manifestado frente a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid por este tema. Otros de los asuntos que los sindicatos comunicarán a Montoro son los referidos a los permisos, las bajas médicas o la incapacidad temporal.
Para avanzar en todos estos puntos, volverán a pedir la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas, constituida en junio del año pasado y encargada de la negociación colectiva en aquellas materias que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, como pueden ser el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas.
