El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha puesto en duda que la Seguridad Social vaya a ser capaz de alcanzar el objetivo de déficit del 1,4% fijado para este ejercicio, y cree que si no se toma ninguna medida, el desequilibrio se situará en el entorno del 1,7%, el mismo con el que previsiblemente cerrará 2016.
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, donde ha avanzado algunas de las conclusiones preliminares del informe que su organismo está realizando en relación con las pensiones.
Escrivá ha indicado que las cuentas de la Seguridad Social cerraron el año 2016 con un desfase del 1,7% y considera que, a partir de ese punto, alcanzar el 1,4% previsto para este ejercicio «no es alcanzable» en ninguno de los escenarios probables.
«Este déficit es resultado, fundamentalmente, de un salto considerable del gasto en pensiones en los últimos años», ha dicho el presidente de la Autoridad, recordando que en los últimos dos años han recomendado a la Seguridad Social que haga previsiones de ingresos «más realistas» para que los objetivos de estabilidad no sean tan «extraordinariamente exigentes» como hasta ahora.
NO SE CERRARÁ EL DESAJUSTE
A medio plazo y «en ausencia de medidas adicionales», la AIReF considera que el déficit de la Seguridad Social se «cerrará muy poco», incluso aunque el PIB y la inflación se sitúen en el entorno del 2% como está previsto.
A nivel general, «persistirá un desequilibrio estructural» del 2,5% en las administraciones públicas, más de la mitad del cual será responsabilidad de la Seguridad Social (1,5%), mientras que el Estado tendrá medio punto de déficit, lo mismo que las comunidades y los ayuntamientos.
Sin embargo, el Gobierno prevé que en 2019 el déficit esté en el 1,6%, repartido entre el 0,9% del Estado, el 0,7% de la Seguridad Social y el 0% de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Esto implica que las pensiones sólo se revalorizarán por el mínimo previsto en la ley del 0,25% anual durante el próximo lustro aproximadamente, lo que «estabilizará» el gasto en pensiones en torno al 10,5% del PIB actual pero reducirá en siete puntos el poder adquisitivo de los jubilados en una década.
Una situación que sólo podría modificarse si se aportara a las arcas de la Seguridad Social –vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto– un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.
En cualquier caso, Escrivá ha reclamado que las previsiones de ingresos y gastos que la Seguridad Social utiliza para calcular la tasa de actualización de las pensiones sean públicas, algo a lo que el organismo «se ha comprometido».
