La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que la colaboración entre las agencias de colocación privadas y los servicios públicos de empleo ha hecho que la inserción media en el mercado de trabajo de las personas atendidas sea del 10,7%.
Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la titular de Empleo y Seguridad Social ha recordado que el Ejecutivo ha reforzado los servicios públicos de empleo y se ha mostrado «agradecido y orgulloso» de la labor que hacen los funcionarios tanto autonómicos como del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Así, ha recordado que la regulación de las agencias privadas de colocación, que «es una idea socialista que se puso en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy», está dando «buenos» resultados.
En concreto, la tasa de inserción es del 14% en el caso de agencias contratadas por el SEPE, supera el 18% en el caso de los beneficiarios del ‘Programa Prepara’, para parados de larga duración y se sitúa en el 8% en el caso de aquellas agencias privadas de colocación contratadas por las comunidades autónomas.
«Toda la ayuda para buscar una oportunidad para una persona que permanece en el desempleo bienvenida sea», ha señalado Báñez refiriéndose a las agencias de colocación. Así, ha subrayado que es «positivo» que los servicios privados de colocación ayuden a servicios públicos de empleo en la búsqueda de oportunidades para los españoles.
Por otro lado, Báñez le ha recordado al senador del grupo socialista, Ricardo Jacinto Varela Sánchez, que la «única» comunidad que no suma la colaboración privada a la pública es Andalucía, «que tiene el 28% de paro y un montón de andaluces sin oportunidades». En este contexto, la titular de empleo ha pedido al grupo socialista que se sume a esta iniciativa por el empleo con la colaboración público-privada, «porque ayuda a muchos parados en España».
Por su parte, el senador del grupo socialista ha acusado al Gobierno de promover «un camino dirigido a la desprotección de los servicios públicos de empleo y centrado en la protección de las agencias privadas de colocación».
Asimismo, Varela ha señalado que la colaboración público-privada sería «positiva» si no llevase como contrapartida el «adelgazamiento» de los servicios públicos de empleo y ha acusado al Gobierno de detraer del sistema público de empleo 3.000 trabajadores que estaban contratados para orientar e integrar a los trabajadores en las empresas, de no reponer 2.000 trabajadores del SEPE, de detraer 89 millones de euros de la modernización del sistema público de empleo y 142 millones de la contratación de técnicos de empleo.
