El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la Garantía Juvenil, con el que se pretende mejorar el sistema para llegar a un mayor número de beneficiarios, según ha explicado este viernes el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Actualmente, el número de inscritos en la Garantía Juvenil alcanza los 400.000 jóvenes, aunque la cifra de potenciales beneficiarios es superior al millón. Esta iniciativa, nacida en la Unión Europea y adoptada por España, persigue que los jóvenes reciban una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
Para llegar a más beneficiarios, la norma aprobada este viernes introduce modificaciones que simplifican el registro en la Garantía Juvenil. Así, bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción para cumplir los requisitos, en lugar de los tres meses sin haber recibido formación o los 30 días sin empleo exigidos en la regulación actual.
La norma convierte las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones (con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y no a la Seguridad Social) para los incentivos a la cotización a través de la tarifa plana de trabajadores autónomos o la contratación para la formación y el aprendizaje que beneficien a jóvenes inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil.
El Real Decreto-Ley aprobado hoy, consensuado con las comunidades autónomas y los agentes sociales, permite que todas las entidades participantes en la Garantía Juvenil puedan establecer procedimientos específicos, de conformidad con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la inscripción de los jóvenes en el fichero único del sistema.
Se posibilita además que todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo que cumplan con los requisitos de la Garantía Juvenil sean inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil, incluso con efectos retroactivos, en el caso de que hubieran participado o estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el sistema.
La norma prevé también la participación de interlocutores sociales en el procedimiento de inscripción de los jóvenes y en la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
LA REDUCCIÓN DEL PARO JUVENIL, OBJETIVO PRIORITARIO
En abril de 2013, la Unión Europea acordó el establecimiento de la llamada Garantía Juvenil, reconociéndose con ello la situación particularmente difícil de los jóvenes europeos. España fue de los primeros países en acogerse a la iniciativa, para lo cual, en diciembre de 2013, aprobó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España.
La Comisión Europea ha asignado a España ya un total de 2.360 millones de euros para el cumplimiento de la recomendación de la Garantía Juvenil a través del programa operativo de empleo juvenil en España hasta 2020, a ejecutar hasta 2023.
Está previsto que se realice una asignación adicional, pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, de 900 millones de euros, que incrementaría la dotación de este programa operativo de hasta 3.260,6 millones euros.
Según ha destacado el Ministerio de Empleo, gracias a las medidas que se han ido adoptando y al esfuerzo de la sociedad española, la tasa de paro juvenil se ha reducido en 15 puntos en los últimos tres años y la contratación indefinida de jóvenes es un 30% superior a la de 2011.
No obstante, Empleo reconoce que el paro juvenil español continúa siendo de los más altos de Europa, con una tasa del 46,5% para jóvenes de entre 16 y 24 años, por lo que su descenso sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno, según ha subrayado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
