El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha indicado este miércoles que la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo no entrará en vigor el 1 de enero de 2017, ya que el Gobierno no tiene intención de aprobar esta medida antes de que acabe el año, sino que se incluirá en un conjunto de medidas tributarias que se aprobará más adelante.
Fernández Moya, que ha inaugurado unas jornadas de Deloitte sobre fiscalidad internacional, ha señalado también que la Agencia Tributaria ya está preparando un borrador con lo que será el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que el Ejecutivo quiere tener listo en las «próximas semanas» y aprobarlo mediante un proyecto de ley que pretende negociar con los grupos parlamentarios, dado que el PP no cuenta con mayoría suficiente en el Parlamento.
En este sentido, aseguró que el Ministerio de Hacienda aún no ha definido ni el hecho imponible que gravará el nuevo impuesto, ni la base imponible, ni el tipo de gravamen ni las cuotas, si bien recordó que ya hay países europeos, como Francia, que han implantado este tipo de impuestos. El Gobierno pretende recaudar unos 200 millones de euros con esta nueva figura tributaria.
En la misma línea, apuntó que la Agencia Tributaria también trabaja ya en lo que serán la nueva fiscalidad medioambiental para determinar sobre qué hechos imponibles se aplicará, y recordó que la intención del Gobierno es poder recaudar unos 500 millones de euros adicionales con estos impuestos.
Durante su discurso en las jornadas, Fernández de Moya aseguró que una vez que se ha superado «el bloqueo político, no puede haber bajo ningún concepto, bloqueo presupuestario», y afirmó que España necesita unos Presupuestos Generales para «que no se cercene ni interrumpa» el proceso de recuperación económica y de creación de empleo.
