El Gobierno ha remitido este viernes a Bruselas la actualización del plan presupuestario (draft budgetary plan) del año 2017 que incluye la revisión del cuadro macroeconómico y las nuevas medidas tributarias, de mejora de aprobación de los tributos y de lucha contra el fraude que tendrán un impacto de 7.500 millones de euros, para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% el próximo año.
El plan recoge la actualización del cuadro macroeconómico aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno contempla una previsión de crecimiento económico del 3,2% para este año y del 2,5% para el que viene, lo que permitirá recuperar a mediados del próximo año el nivel de renta previo a la crisis, y facilitar un alza del PIB del 2,4% tanto en 2018 como en 2019.
Además, el Ejecutivo prevé la creación de casi dos millones de empleos en el periodo 2016-2019, lo que permitirá superar los 20 millones de ocupados en cuatro años y reducir progresivamente la tasa de paro hasta el 12,8% a finales de 2019.
De igual forma, el plan incluye el límite de gasto no financiero de 2017, que tendrá que ser convalidado en el Congreso y que se ha fijado en 118.337 millones de euros. Esta cifra supone la misma cantidad que lo se ejecutará finalmente en el presupuesto de este año, aunque en torno a 5.000 millones de euros menos que el techo de gasto marcado inicialmente para 2016, gracias al ahorro conseguido por los menores intereses de la deuda, el adelanto del cierre del ejercicio presupuesto y el acuerdo de no disponibilidad.
En detalle, el plan presupuestario contempla un objetivo de ingresos totales del 38% del PIB este año y algo superior, del 38,2%, en 2017, toda vez que el gasto total supondrá el 42,5% del total este ejercicio, para disminuir al 41,3%, hasta 479.991 millones, el próximo año.
El gasto de las administraciones disminuirá en las tres grandes partidas: en Educación pasará de un 9,51% de este año a un 9,45% en 2017 (3,9% del PIB); el de Sanidad del 14,4% al 14,34% (5,92% del PIB), y el de Empleo del 4,97% al 4,65% (1,92% del PIB).
No obstante, en términos homogéneos se eleva el gasto en Educación (45.382 millones, un 0,5% más), Sanidad (68.840 millones, un 0,7%) y protección social (191.294 millones, un 1,8%). También sube en servicios públicos generales (68.946 millones), defensa (10.499 millones), orden público y seguridad (21.284 millones), protección del medio ambiente (9.450 millones), vivienda y servicios comunitarios (5.361 millones), actividades recreativas, cultura y religión (12.452 millones); mientras que disminuye en asuntos económicos, hasta 46.483 millones.
Con estas previsiones, los objetivos de estabilidad y deuda pública contemplan un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2017, frente al 4,6% de este año. Para 2018, el déficit público deberá bajar hasta el 2,2% y para 2019 la senda marcada es que el desajuste entre ingresos y gastos disminuya hasta el 1,3%.
REFORMA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Para alcanzar todos estos objetivos y cumplir así con la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas, el plan presupuestario incluye las medidas tributarias aprobadas por el Ejecutivo para recaudar 7.500 millones de euros más.
Como principales novedades, contemplan una modificación del Impuesto de Sociedades (impacto de 4.655 millones), el incremento de los llamados impuestos especiales y medioambientales (850 millones), mejoras en la aplicación de los tributos (1.500 millones) y medidas de lucha contra el fraude (500 millones).
Para lograr una recaudación adicional en el Impuesto sobre Sociedades de 4.655 millones de euros se limita la compensación de bases imponibles negativas y se recortan ciertas deducciones relacionadas con la doble imposición de dividendos, entre otras.
En detalle, se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas: el 25% para las empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones y el 50% para aquellas de entre 20 y 60 millones.
IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES
En cuanto al impuesto sobre el tabaco, se adecua el sistema actual de doble mínimo a las recomendaciones de la UE y se incrementa el tipo específico frente al ‘ad valorem’, al tiempo que se eleva el nivel mínimo de imposición: en el caso de los cigarrillos sube un 2,5% y para la picadura de liar, un 6,8%. El impacto de la subida será de 100 millones de euros.
En cuanto el impuesto al alcohol, se incrementa un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas –no se modifican los tipos impositivos de la cerveza y el vino– y afecta tanto a la imposición de la Península como de las Islas Canarias, lo que reportará en torno a 50 millones de euros.
Otros 200 millones más se ingresarán en 2017 por el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que se regulará legalmente a lo largo de 2017, de manera que su recaudación será a partir de ese año.
De igual forma, España pondrá en marcha el año que viene una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental, con un impacto de 500 millones de euros, para asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una progresiva convergencia con la media de la UE en materia de tributación ambiental. Los ingresos procedentes de impuestos ambientales representaban en España el 1,85% del PIB en 2014, inferior al 2,46% del conjunto de la UE, según datos de Eurostat.
MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE MOROSOS
También en materia fiscal el Ejecutivo prorroga en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualiza los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se suman a las medidas aprobadas para mejorar la aplicación de los tributos que realizan las administraciones tributarias.
Concretamente, se suprimirá la posibilidad de conceder aplazamientos para determinados tipos de deudas, en particular las correspondientes a impuestos repercutidos no ingresados previamente por los contribuyentes (IVA), a pagos fraccionados o a deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso, lo que supondrá una anticipación de ingresos por importe de 1.500 millones anuales.
En materia de lucha contra el fraude, se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo, así como a la obligatoriedad para unas 60.000 empresas (que aportan el 80% de la facturación de IVA) de informar de las facturas de IVA en tiempo real, con la finalidad de que el sistema esté plenamente operativo a mediados de 2017.
También se ha modificado la regulación de la publicación de los listados de deudores para incluir a los responsables solidarios y subsidarios. Esta última medida podría determinar un ingreso adicional de 150 millones.
Igualmente, se adoptarán una serie de medidas, mediante real decreto, para modernizar los sistemas de precintas para bebidas alcohólicas u obligaciones formales en el ámbito del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Ejecutivo también se compromete con Bruselas a la ejecución de un Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública para el período 2017-2019 que se vertebrará a través de un conjunto de medidas que supondrán un ahorro total estimado de 900 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas.
Además, el Gobierno va a llevar a cabo un proceso de revisión del gasto en el conjunto de las administraciones para mejorar su eficiencia, para lo cual encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de dicho análisis, contratando en los aspectos en que resulte necesario la colaboración de medios externos.
