El Gobierno remitirá esta semana, previsiblemente el miércoles o el jueves, a Bruselas el plan presupuestario del año 2017 que incluye la actualización del cuadro macroeconómico y las nuevas medidas tributarias aprobadas para recaudar 4.800 millones y alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% en 2017, según informaron fuentes del Ministerio de Economía.
El proyecto presupuestario de 2017 es una actualización del borrador del plan que el Ejecutivo remitió ya el pasado 15 de octubre a Bruselas cuando todavía estaba en funciones y que supuso una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 en el que quedaba pendiente un ajuste de más de 5.000 millones a acometer para cumplir el objetivo de déficit (3,1%) comprometido para el año que viene.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la actualización del cuadro macroeconómico, en el que recoge una previsión de crecimiento económico del 3,2% para este año y del 2,5% para el que viene, lo que permitirá recuperar a mediados del próximo año el nivel de renta previo a la crisis, y facilitar un alza del PIB del 2,4% tanto en 2018 como en 2019.
Además, el Ejecutivo prevé la creación de casi dos millones de empleos en el periodo 2016-2019, lo que permitirá superar los 20 millones de ocupados en cuatro años y reducir progresivamente la tasa de paro hasta el 12,8% a finales de 2019.
De igual forma, dio luz verde al límite de gasto no financiero de 2017, que tendrá que ser convalidado en el Congreso y que se ha fijado en 118.337 millones de euros. Esta cifra supone la misma cantidad que lo se ejecutará finalmente en el presupuesto de este año, aunque en torno a 5.000 millones de euros menos que el techo de gasto marcado inicialmente para 2016, gracias al ahorro conseguido por los menores intereses de la deuda, el adelanto del cierre del ejercicio presupuesto y el acuerdo de no disponibilidad.
También aprobó la remisión a las Cortes de los objetivos de estabilidad y deuda pública. Estos contemplan un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2017, frente al 4,6% de este año, que se repartirá entre el 1,1% de la Administración central, el 0,6% de las comunidades autónomas (acordado con las regiones en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves) y el 1,4% de la Seguridad Social.
Para 2018, el déficit público deberá bajar hasta el 2,2%, lo que equivale a unos 11.000 millones de euros de ajuste, y para 2019 la senda marcada es que el desajuste entre ingresos y gastos disminuya hasta el 1,3%.
Respecto a la deuda pública, las previsiones del Gobierno son de un 99% del PIB el año que viene, para posteriormente bajar hasta el 97,7% en 2018 y al 95,4% en 2019.
Una vez aprobado el límite de gasto no financiero del Presupuesto de 2017 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para los años 2017-2019, se inicia el proceso de elaboración de las cuentas del próximo año.
SUBIDA DE IMPUESTOS DE 4.800 MILLONES
Para alcanzar todos estos objetivos y cumplir así con la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas, el Ejecutivo aprobó un real decreto-ley que incluye, como principales novedades, una modificación del Impuesto de Sociedades y el incremento de los llamados impuestos especiales, que tendrán un impacto estimado de recaudación adicional por importe de 4.800 millones de euros.
Dicho paquete, junto a más medidas de lucha contra el fraude, recaudarán en total hasta 7.000 millones más al año.
Concretamente, el real decreto, publicado el sábado en el BOE, eleva la fiscalidad del Impuesto sobre Sociedades en 4.650 millones de euros, junto con un incremento de 150 millones de euros por el aumento de los impuestos especiales sobre el alcohol (50 millones) y el tabaco (100 millones).
Otros 200 millones más se ingresarán en 2017 por el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que no se ha incluido en el real decreto porque se aprobará mediante un proyecto de ley que el Gobierno quiere pactar con los grupos parlamentarios.
Para lograr dicha recaudación adicional en el Impuesto sobre Sociedades, con la que el Gobierno espera elevar los ingresos totales de este impuesto hasta el entorno de los 25.000 millones de euros en 2017, se limita la compensación de bases imponibles negativas y se recortan ciertas deducciones relacionadas con la doble imposición de dividendos, entre otras.
En detalle, se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas: el 25% para las empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones y el 50% para aquellas de entre 20 y 60 millones.
En cuanto al impuesto sobre el tabaco, se adecúa el sistema actual de doble mínimo a las recomendaciones de la UE y se incrementa el tipo específico frente al ‘ad valorem’, al tiempo que se eleva el nivel mínimo de imposición: en el caso de los cigarrillos sube un 2,5% y para la picadura de liar, un 6,8%.
En cuanto el impuesto al alcohol, se incrementa un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas –no se modifican los tipos impositivos de la cerveza y el vino– y afecta tanto a la imposición de la Península como de las Islas Canarias.
También en materia fiscal el Ejecutivo prorroga en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualiza los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al tiempo que se compromete a aprobar una reforma de la imposición medioambiental para el año 2017, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea.
En materia de lucha contra el fraude, se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo, así como a la obligatoriedad para unas 60.000 empresas (que aportan el 80% de la facturación de IVA) de informar de las facturas de IVA en tiempo real, con la finalidad de que el sistema esté plenamente operativo a mediados de 2017. También se ha dado luz verde al endurecimiento de los aplazamientos de pago de deudas con la Agencia Tributaria.
