El nuevo ministro de Hacienda tendrá que enfrentarse a dos retos fundamentales en esta legislatura: por un lado, sacar a España en 2018 del procedimiento de déficit excesivo, es decir, conseguir que las cuentas públicas cierren con un déficit por debajo del 3% del PIB, y por otro lado, deberá consolidar la recuperación de los ingresos impositivos, especialmente los del Impuesto de Sociedades, en caída libre tras la última rebaja fiscal.
España se ha comprometido con Bruselas a cerrar el déficit de este año en el 4,6% del PIB, algo que en principio está asegurado tras las medidas adoptadas por el Gobierno este año (acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones, adelanto a julio del cierre presupuestario y aumento del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones más), pero deberá dejarlo en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018.
De cara al próximo año, la Comisión ya ha comunicado al Gobierno que debe abordar cuanto antes nuevos ajustes por importe de 5.500 millones para asegurar el objetivo de déficit del 3,1%, toda vez que el plan presupuestario con la prórroga de los Presupuestos de 2016 sólo contempla rebajar el déficit al 3,6%, medio punto más que lo comprometido.
Para ello, la primera tarea que tendrá que llevar a cabo el nuevo ministro será la elaboración de los Presupuestos del próximo año, que ya deberán incluir estos ajustes de 5.500 millones de euros y que, por el momento, el Gobierno no ha dado pistas de si se incrementarán los ingresos vía impuestos o se recortará el gasto público.
En cualquier caso, las medidas que se adopten este año serán claves para conseguir en 2018 que España pueda cerrar el año con un déficit del 2,2%, por debajo del 3% por primera vez desde que España entró en recesión. Conseguir este objetivo permitiría al país salir del procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, de la vigilancia reforzada de la Comisión Europea, que puede imponer a España medidas para recortar sus ‘números rojos’.
El titular de Hacienda deberá, de esta manera, ir equilibrando las cuentas públicas año a año y para ello el nuevo Gobierno deberá repensar el sistema fiscal español y reconsiderar, a la vista de la evolución de los ingresos, si cumple su compromiso electoral de bajar otra vez el IRPF. En concreto, el PP concurrió a las elecciones con la promesa de rebajar dos puntos el IRPF a todos los ciudadanos, de tal manera que el tipo mínimo pasaría del 19% al 17% y el máximo, del 45% al 43%.
Los ‘populares’ también se comprometieron a mejorar los mínimos personales y familiares exentos, a «recompensar» el ahorro y la inversión, y a dejar exentos del pago del IRPF a los jóvenes el primer año de su primer empleo.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, el Ejecutivo es consciente de que España tiene un problema con este tributo, que se ha acentuado con la rebaja que se aplicó en 2015 y en parte de 2016 y que, posteriormente, tuvo que revertir el Gobierno estando en funciones ante el desplome de los ingresos. Así, el incremento del pago fraccionado, que entró en vigor en octubre, se mantendrá de manera indefinida y, al menos, hasta que España logre rebajar su déficit por debajo del 3% (hasta 2018).
