El Ministerio de Hacienda aprobará mañana viernes un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades al 23% para recaudar 8.000 millones de euros más, con la intención de que ya esté en vigor en los pagos fraccionados del mes de octubre y diciembre, tal y como se comprometió con Bruselas para enjugar las cifras de déficit, que este año tiene que situarse en el 4,6% del PIB.
En principio, la intención del Gobierno es aprobar este viernes el decreto-ley que incorpore los cambios del Impuesto de Sociedades, ya que debe enviarlo a Bruselas antes del 15 de octubre. La idea es establecer un tipo mínimo, que será del 23% frente al 12% actual, para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales (unas 9.000) y que estará en vigor, como mínimo, este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.
La reforma del impuesto endurecerá especialmente el tipo a aplicar en el caso de los bancos, elevándolo al 25%.
El tipo mínimo del pago fraccionado, que actúa como un adelanto de la liquidación del impuesto, se ha aplicado entre 2012 y 2015, año éste en el que tipo se situó en el 12%. Con la reforma fiscal de 2015 se eliminó, pero la caída de los ingresos por Sociedades hasta junio ha llevado al Gobierno en funciones a dar marcha atrás y volverlo a establecer, en este caso incrementado.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar 8.000 millones de euros adicionales al año para poder cumplir con el déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados.
Una vez que el Gobierno dé luz verde al decreto, las Cortes deberán posteriormente refrendarlo, por lo que será necesario que el PP negocie con los demás grupos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos, para conseguir su apoyo.
En principio ninguno de los dos grupos ha rechazado la medida, que en la práctica supone aumentar la fiscalidad de las grandes empresas, pero esperarán a la letra pequeña del decreto para confirmar si lo apoyan, algo que da por descontado el Ejecutivo, ya que se trata de una medida imprescindible para conseguir cuadrar el déficit y el principal motivo por el que España se salvó de la multa de Bruselas.
Por su parte, el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha criticado este miércoles la reforma del Impuesto de Sociedades, al considerar que se acomete con «nocturnidad y alevosía» y porque afectará al empleo y a las inversiones.
«Nos gusta saber en qué campo de juego jugamos, queda muy bonito decir que solo lo adelantan, pero no dudéis que la cantidad que se quiere recaudar es dinero que las empresas necesitaban para otros menesteres muy importantes que no van a poder destinar», ha reprobado Garamendi, quien ha tildado la medida de «política fiscal errónea».
En este sentido, ha advertido de que la reforma del Impuesto de Sociedades «por supuesto puede afectar al empleo y la inversión», ya que «en el momento en el que no hay liquidez, cae el empleo», que es el «primer objetivo» nacional.
