La vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que se necesitarán cambios legales «importantes», como una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que ante la situación actual de un Ejecutivo sin capacidad presupuestaria, se pueda aprobar un techo de gasto para todas las administraciones que permita a las comunidades autónomas aprobar los presupuestos de 2017.
Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que los responsables económicos del Gobierno están manteniendo conversaciones con las comunidades autónomas y los partidos políticos para ver qué fórmulas legales se pueden llevar a cabo para aprobar el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
«La ley es bastante taxativa en cuanto al asunto de los presupuestos y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en cuanto a cómo deben presentarse», ha recordado la vicepresidenta, si bien ha matizado la importancia de llegar a un acuerdo al respecto con las CCAA y especialmente con los partidos políticos para que apoyen las modificaciones legales necesarias en las Cortes.
Por el momento, ha indicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene conversaciones con las comunidades autónomas y los distintos grupos políticos para encontrar soluciones «ad hoc», si bien considera que se requerirán cambios legales «importantes» para que puedan llevarse a cabo, «al menos con la tranquilidad de que se hace de manera solvente».
La semana pasada el Gobierno de Canarias planteó al Ministerio de Hacienda la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en aras de poder aprobar las cuentas de 2017, para lo que el presidente canario, Fernando Clavijo, pidió convocar una conferencia de presidentes autonómicos para acordar dicho cambio normativo. A esta propuesta también se suman otras comunidades como la de Extremadura.
En concreto, se trataría de reformar el artículo 15 de esa ley, el que fija cómo se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit, deuda y regla de gasto) para el conjunto de las administraciones. La propuesta canaria es introducir una salvedad para que en una situación excepcional como la de un gobierno en funciones, las Cortes Generales puedan sin embargo aprobar estos objetivos.
EL GOBIERNO BARAJA DOS ESCENARIOS
La vicepresidenta ha vuelto a insistir en que el Gobierno en funciones quiere adoptar «todas las medidas necesarias para evitar perjuicio a España», para lo que ha realizado un análisis «muy exhaustivo» de múltiples cuestiones, como la revalorización de las pensiones, los salarios de los empleados públicos para 2017, el adelanto del Impuesto de Sociedades y otros asuntos presupuestarios.
En este contexto, ha indicado que el Gobierno busca el compromiso de los distintos grupos políticos para sacar adelante algunos decretos ley, como el de actualización de las pensiones. «Si conseguimos un acuerdo, lo traeremos lo antes posible al Consejo de Ministros», ha añadido.
Asimismo, Sáenz de Santamaría ha vuelto a explicar que, ante el actual contexto de bloqueo político, se plantean dos escenarios. El primero se daría en el caso de que se formase Gobierno antes de la disolución de las cortes el 30 de octubre, circunstancia en la que previsiblemente se prorrogarían los Presupuestos de 2016 pero el Ejecutivo ya tendría capacidad presupuestaria para la adopción de medidas.
El otro escenario se produciría si no se forma Gobierno antes de esa fecha, lo que conllevaría igualmente la prórroga de los PGE de 2016 y la adopción de otro tipo de medidas a partir del 1 de enero para asuntos como el de las pensiones o el salario de los funcionarios.
