Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, ha advertido de que si España no presenta antes del próximo 15 de octubre medidas correctoras del déficit público, la Comisión Europea (CE) podría sancionar a España con una multa del 0,5% del PIB (unos 5.000 millones de euros) en un plazo de cuatro meses, y podrían verse afectados fondos estructurales por valor de 1.325 millones de euros.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Economía de la Cámara Baja para hablar del déficit y dar cuenta del frustrado nombramiento del exministro Soria para el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial.
MULTA DE BRUSELAS A ESPAÑA
Guindos ha señalado que el próximo 15 de octubre es una fecha «clave», ya que será entonces cuando España deba remitir su propuesta de plan presupuestario y dar cuenta a Bruselas. En caso de no presentar las medidas correctoras de déficit antes del 15 de octubre, la Comisión prevé una multa que podría elevarse hasta el 0,5% del PIB, unos 5.000 millones de euros, a lo que se sumaría que podrían verse afectados fondos estructurales por importe de 1.325 millones de euros.
Además, en este caso no se contempla que el Estado pueda hacer alegaciones para la reducción o la cancelación, a diferencia de lo que sucedió la vez anterior. De esta forma, antes del 15 de octubre España tendrá que especificar los objetivos de gastos e ingresos, las medidas discrecionales e informar sobre las medidas adoptadas para responder a las reformas solicitadas con el objetivo de cumplir los objetivos de déficit, cuyo plazo de corrección se ha extendido en dos años, hasta 2014.
Los objetivos de cumplimiento de déficit son del 4,6% este año, del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018. «España debe cumplir los objetivos todos los años o se produciría un nuevo endurecimiento del proceso y nuevas sanciones», ha advertido. Según el cálculo y las previsiones económicas de la Comisión, estos objetivos requieren una mejora del déficit estructural descontando el efecto del ciclo económico de medio punto del PIB tanto en 2017 como en 2018.
La Comisión exige a España que acometa dos reformas cualitativas: reformas del marco fiscal y un fortalecimiento del marco de contratación pública para asegurar la transparencia y la coordinación de todas las entidades y autoridades de contratación.
ADELANTO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y PRÓRROGA DE LOS PGE DE 2016
Para alcanzar los objetivos de déficit, Guindos ha indicado que es «imprescindible» la reforma del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, de forma que «teniendo en cuenta la urgencia y el interés general», ha adelantado que el Gobierno aprobará «próximamente» un real decreto ley con el adelanto del pago del Impuesto de Sociedades para su posterior convalidación por el Congreso.
La reforma establecería un pago mínimo sobre el resultado contable de empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, con un tipo de al menos el 20%, con lo que se estima que se ingresarían 6.000 millones de euros. «El 15 de octubre no solo debemos informar a Bruselas de las medida adoptadas, sino que es la fecha para que los Estados miembros remitan sus proyectos presupuestarios», ha insistido.
Según ha avanzado, el Gobierno en funciones, al no poder realizar una planificación presupuestaria, presentará un proyecto de plan presupuestario considerando un escenario «sin cambios en la política fiscal». Así, el Ejecutivo presentará un plan basado en la prórroga de las cuentes de 2016 «sin incluir nuevas medidas fiscales», tras lo que el próximo Gobierno tendrá que presentar una revisión del plan.
El titular de Economía en funciones ha puesto en valor los positivos datos macroeconómicos de España, ya que son «un elemento de tranquilidad», pero ha advertido que «la inercia no va a durar siempre», especialmente «en un contexto internacional de incertidumbre cada vez más evidente».
