Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad en funciones, que ejerce también la titularidad de la cartera de Industria tras la dimisión de José Manuel Soria por el caso de los ‘Papeles de Panamá’, se ha inhibido de firmar una nueva orden ministerial, en este caso la relativa al reparto de la financiación del bono social para el ejercicio 2016.
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, será la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien sustituya a Guindos en la tramitación y aprobación de esta orden, elaborada por el Ministerio de Industria. Según consta en el BOE, Guindos ha considerado procedente abstenerse de sus competencias sobre este asunto.
El ministro de Economía en funciones ya actuó de la misma forma en la aprobación de la orden ministerial acerca de los valores retributivos para la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre del año, así como en la correspondiente a la retribución a la actividad de distribución.
De Guindos se ha acogido de nuevo al artículo 11.2.e de la Ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado. Este artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo ha tenido una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento.
Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011.
De firmar una orden ministerial sobre el sector eléctrico, vería además ampliado el plazo de incompatibilidad para trabajar en alguna empresa con actividades relacionadas.
BONO SOCIAL
Conforme a la nueva regulación sobre el bono social, las eléctricas con actividades verticalmente integradas han de hacerse cargo de su financiación, a razón de un 41,2% por parte de Endesa, un 38,2% por Iberdrola y un 14,4% por Gas Natural Fenosa.
El presidente de Endesa, Borja Prado, propuso recientemente una «rediseño» del bono social para vincularlo en mayor medida a la renta, petición a la que posteriormente se sumó Gas Natural Fenosa.
Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).
El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros al año.
