El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo servirá también para garantizar los servicios esenciales y la recuperación económica, que «en estos momentos está seriamente en duda» por la situación política en Cataluña.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha enumerado los principales objetivos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, cuya aprobación tendrá lugar en el Pleno del Senado el próximo viernes 27 de octubre.
Méndez de Vigo ha lamentado la «huida masiva» de más de 900 empresas que han cambiado su sede social de Cataluña desde la celebración del referéndum de independencia del pasado 1 de octubre, a lo que se suma la caída en las reservas hoteleras y turísticas, en las ventas de grandes almacenes, entradas de espacios culturales o la caída de las expectativas de inversión.
Por ello, ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna servirá también para «garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda».
En este sentido, ha recordado que el Gobierno rebajó las previsiones de crecimiento para 2018 en el plan presupuestario que envió el pasado lunes a Bruselas, en el que bajó del 2,6% al 2,3% su previsión de alza del PIB para el próximo año, al tiempo que elevaba en una décima, del 2,2% al 2,3% su estimación de déficit para ese año.
No obstante, para el ejercicio actual elevó una décima, hasta el 3,1%, su previsión de crecimiento, y mantuvo en el 3,1% su pronóstico sobre el déficit.
Asimismo, Méndez de Vigo ha explicado que el primer objetivo de la aplicación del artículo 155, pactada con el PSOE y Ciudadanos, es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, así como asegurar la neutralidad institucional y preservar los derechos de catalanes. «La libertad, la seguridad y la pluralidad», ha apostillado el también ministro de Educación, quien ha aclarado que la utilización de este artículo no supone suspender la autonomía de Catalauña.
La Mesa del Senado está convocada para este sábado a las 13 horas, tras el Consejo de Ministros que decidirá las medidas que se aplicarán en Cataluña. Así, el Senado celebrará el viernes 27 el Pleno en el que aprobará la aplicación del 155.
El Gobierno ha venido advirtiendo en las últimas semanas del perjuicio económico para Cataluña y el resto de España que supone el desafío independentista.
Precisamente este jueves el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, advirtió en el Congreso de que el cambio de domicilio social de empresas en Cataluña que se ha producido hasta ahora es solo un «aperitivo» si se llegase a concretar una hipotética independencia, que sería «terrorífica» y un «suicidio económico», y ha negado que haya «ningún tipo de presión» para la salida de empresas.
Asimismo, se refirió al retroceso de varios indicadores económicos, como las reservas turísticas, que han caído alrededor de un 20%, las ventas de coche entre un 20% y un 25% o las ventas de grandes almacenes entre un 15% y un 20%.
